La muerte de numerosos indígenas, al parecer a manos de las FARC, en el Departamento de Nariño -ni siquiera se ha podido establecer el número total de las personas asesinadas- corresponde necesariamente, por sus características, a un crimen de lesa humanidad que debe ser denunciado ante el mundo, y que igualmente debe ser objeto de inmediata y completa investigación, con miras al castigo de los delincuentes y al resarcimiento de las muchas familias víctimas de la masacre.


Además, el Estado tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para la preservación en la zona del pleno y total imperio del orden jurídico, pues lo que hasta ahora se aprecia -infortunadamente- es que en ese territorio no gobierna ni domina el Estado colombiano, ni están las fuerzas armadas de la República, sino los integrantes de la organización guerrillera, que en efecto ejercen allí su influjo criminal, sin que se las interrumpa, hasta el extremo de que a estas alturas, varios días después de la masacre, las autoridades colombianas legalmente instituidas no han podido arribar al lugar de los hechos. Entonces, sí hay zonas del territorio colombiano que escapan al control del Gobierno, y es menester que ello se reconozca y se corrija.


Es evidente que ya los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación deben estar trasladándose al sitio de los acontecimientos, debidamente protegidos por la fuerza pública, para efectuar el levantamiento de los cadáveres, para recaudar las pruebas correspondientes e iniciar la cadena de custodia de las mismas y para dar comienzo igualmente a las pertinentes investigaciones con el fin de que este horrendo crimen no quede impune.

En todo esto hay una gran contradicción, que también debe subrayarse: las FARC proponen, en documento conocido ayer, la celebración de un acuerdo humanitario para la liberación de las personas a quienes mantienen secuestradas, y ello es plausible -hacemos votos por que las partes entren en contacto y ojalá muy pronto se llegara a esa solución-, pero de otro lado perpetran un crimen como el de los indígenas, que fuera de constituir una atroz violación de todas las normas y de todos los derechos, resulta incomprensible y absurdo.


No se puede proponer un acuerdo humanitario cuando al mismo tiempo se violan de manera tan flagrante las más elementales reglas que preservan la intangibilidad de la dignidad humana y los derechos de las personas.


Se equivocan de manera grave las FARC cuando, de un lado buscan formas pacíficas de solución al grave conflicto en curso y el cese de una conducta tan vituperable como el secuestro, y de otra parte asesinan de la manera como lo han hecho con los indígenas de la comunidad de los awás.


Este hecho, de dimensiones tan graves desde el punto de vista humanitario, debe ser condenado con toda energía.