NOS han dicho que DMG pagó impuestos por su actividad; más exactamente IVA. Y nos han dicho también en estos días, tanto el gobierno como la Fiscalía General, que las captaciones de dinero de DMG eran ilícitas; que los dineros con los cuales DMG retornaba a sus inversionistas altas sumas de dinero a título de interés por sus depósitos eran dineros sucios, originados en el narcotráfico y en el lavado de activos.
Tenemos sabido también que todo acto o contrato que viole la ley tiene objeto ilícito y, además: ¿qué otro calificativo sino ese le podemos dar al objeto de los negocios que adelantaba DMG con sus famosas tarjetas prepago y con su captación no autorizada, cuando la Fiscalía -ahora, no antes- dice tener pruebas contundentes y muy graves al respecto? ¿Cuando el director de la Policía, general Naranjo, ha dicho ante el Senado que David Murcia Guzmán le pareció que era el peor delincuente que había visto en su vida? Es más, el mismo Estado ha proclamado a los cuatro vientos que los negocios de Murcia no sólo implicaban captación ilegal sino que escondían tenebrosos asuntos.
La actitud de las autoridades con DMG, de la noche a la mañana, pasó de tenerlo como un honrado empresario a considerarlo el más peligroso de los criminales. Hasta el punto de que hoy parece más grave haberle prestado servicios jurídicos, haber contratado con él, haberle aceptado publicidad, y hasta haberlo visto alguna vez en la vida… que haber participado en la “parapolítica” o haber recibido dineros del narcotráfico o del paramilitarismo en campañas para el Congreso o la Presidencia de la República.
El Estado, además, ha sostenido que quienes recibieron algo de David Murcia o de sus empresas deben devolverlo, para llevar esos dineros a la masa de la cual se devolverá lo que se pueda a los ahorradores.
Si ello es así, y si el Estado recibió unos impuestos, que captó en su momento también engañado, ¿no debería hacer lo mismo? Porque carece de sentido, desde el punto de vista jurídico que, como lo ha anunciado el Ministro de Hacienda, conserve esos dineros mal habidos, a sabiendas del objeto ilícito de los negocios originarios y de la causa ilícita de las captaciones.
El gobierno, como los demás que los recibieron, no puede quedarse con dineros que él mismo estima manchados.