No se le presta buen servicio al país con el ir y venir de chismes, rumores, consejas y patrañas dirigidos todos a deslegitimar la actividad de la Corte Suprema de Justicia, tribunales y jueces, y a generar desconfianza entre la opinión pública sobre la rama judicial y otras instancias, toda vez que corremos el peligro de ocasionar la más aparatosa conflagración institucional, que daría al traste con el sistema democrático establecido.

Los medios de comunicación tienen, claro está, la función importantísima de denunciar, para la investigación de los órganos competentes, todo cuanto pueda ser irregular, o configurar conducta delictiva o indigna de los servidores públicos, entre ellos los jueces y magistrados, pero deben tener gran cuidado en no aventurar cargos infundados contra ellos, y en no dar el trato de conductas ilícitas a las que no tienen tal carácter.

El país atraviesa por una época difícil, en razón del desprestigio del Congreso, de la “parapolítica”, de las denuncias contra funcionarios del gobierno por parte de la ex congresista Yidis Medina, de la efectiva inutilidad de la Ley de Justicia y Paz, de las enormes dificultades surgidas para indemnizar a las víctimas de los peores crímenes y para llegar a la verdad, pero esa situación no puede atribuirse a los magistrados de la Corte Suprema, ni puede generar contra ellos ataques irresponsables para distraerlos del ejercicio de su función, para trasladarlos de su papel de jueces al de incriminados, o para buscar ingenuamente que al verse afectados por infundios -el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define el infundio como “mentira, patraña o noticia falsa, generalmente tendenciosa”-, resuelvan cesar los procesos, o fallarlos por fuera de la ley, cosas que sabemos -conociendo a los magistrados- no van a ocurrir. Nadie puede hacerse ilusiones al respecto.

Pero las instituciones se ven afectadas, y la imagen del país en el exterior resulta enormemente resquebrajada, cuando no ya los medios, sino un funcionario de tan alta categoría como el Vicepresidente de la República decide usar esos medios para formular sindicaciones en abstracto contra la rama judicial, sin pruebas, y diciendo en general que magistrados y jueces han recibido dineros ilícitos, o que han sido permeados por el influjo de las organizaciones delictivas o narcotraficantes.

Esas son afirmaciones muy graves, que el señor Vicepresidente tendría que explicar a fondo, y sobre todo, tendría que acreditar con pruebas fehacientes y aludiendo a nombres propios y específicos, para no cobijar con un injustificado e injusto manto de duda a todos aquellos que administran o administraron justicia en la época actual o en épocas recientes.

Vale la pena que, de lo contrario -es decir, si, como muy probablemente ocurre, no tiene el Vicepresidente nombre alguno, ni material probatorio, proceda a la rectificación, y a ofrecer disculpas a la administración de justicia.

De otro lado, lo recomendable en relación con la “parapolítica”, y con las declaraciones que los paramilitares en sus versiones libres han dirigido contra muchos funcionarios, entre ellos el propio Vicepresidente, es que precisamente la rama judicial, en desarrollo de sus atribuciones, siga adelante los procesos, sin presión alguna, y llegue a las definiciones que le corresponden, y que no puede evadir en modo alguno.

Por supuesto, si hay cargos, con pruebas y elementos serios, contra megistrados, jueces o fiscales, deben ellos también someterse a las investigaciones y procesos correspondientes, pero formular cargos sin nombres y sin pruebas, es, cuando menos, irresponsable.