Por: José Gregorio Hernández Galindo

No obstante los buenos servicios que ha prestado a la ciudadanía en materia de seguridad, era de esperar y se justificaba la renuncia del Comandante de Policía de Barranquilla, por cuanto, como él mismo lo reconoce, su desautorización a los patrulleros y agentes que cumplían con su deber en el caso del Senador Merlano no pudo ser más injusta e infortunada. Su posición, rechazada en esa ciudad y en todo el país, es reflejo de una concepción errónea que favorece la supuesta invulnerabilidad de los altos dignatarios ante las reglas, la cual no puede existir en el Estado de Derecho. En Colombia no existe fuero o exclusión alguna frente al imperio del ordenamiento jurídico.   Foto tomada de: Publimetro.com

Su posición, rechazada en esa ciudad y en todo el país, es reflejo de una concepción errónea que favorece la supuesta invulnerabilidad de los altos dignatarios ante las reglas, la cual no puede existir en el Estado de Derecho. En Colombia no existe fuero o exclusión alguna frente al imperio del ordenamiento jurídico.

Según la Constitución, que no distingue al respecto, “es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”. No se entiende cómo un Senador de la República, alegando haber obtenido 50.000 votos y exhibiendo su credencial, pretendió sustraerse al cumplimiento de las normas, y menos aún la reacción del Comandante contra sus subalternos por una supuesta falta de respeto.

La Constitución, más allá de la expresión usada tradicionalmente  –“funcionario”, que tampoco es incorrecta, pues alude a la relación entre la persona y la “función” que desempeña-,  habla hoy de “servidor público”, para destacar que se presta un servicio; que quien es elegido o designado para ejercer la función pública no está por encima de los demás ciudadanos, sino que está para servirles, no para que le rindan pleitesía o le hagan reverencias.

Cuando la Constitución enuncia quiénes son servidores públicos, nombra ante todo a los miembros de las corporaciones públicas, como el Senado y la Cámara. Y dice que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; y que ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

En tal sentido, no están exentos de la obligación de responder ante las autoridades si cometen infracciones.

Por el contrario, el ejercicio del cargo exige un compromiso con la sociedad y con el sistema jurídico, de modo que, mientras más alta sea la dignidad que se encarna, es mayor la responsabilidad por transgredir las normas vigentes.

Se trata de  un postulado de convivencia y de una característica que debe distinguir a todo servidor público y que lo compromete.