Por Juan Carlos Delgado D´aste (*)
“Una reforma sin forma, una justicia sin visión de justicia, una representación popular que olvida y evade el sentir del pueblo. Indignación”. Ese sería el Tweet (@delgadodaste) con el que amanecí el jueves 14 de junio de 2012.
Quizás, para quienes desempeñamos funciones alrededor de la justicia y vivimos el día a día del acceso y fortalecimiento de tan importante derecho constitucional, y al mismo tiempo nacimos bajo un régimen que fue gratamente sustituido por la Constitución Política de 1991, nunca imaginamos que el Honorable Congreso de la República, representante del querer y sentir de un pueblo, regresara el funcionamiento judicial y su parte administrativa, por un lapso de veintiún años atrás (**). Nací con la justicia, crecí con la justicia, me eduqué con la justicia y hoy hago parte de la justicia. Mi padre dedicó toda su vida al enorme reto de impartir, lo que según nuestra Ley Fundamental, al igual que el legado de Domicio Ulpiano, aquellos preceptos del derecho que se traducen en vivir honestamente, no lastimar ni dañar a nadie y dar a cada uno lo que es suyo.
En mi infancia, viví la tragedia de escuchar a mi padre que su sueldo, luego de tres meses aún no llegaba, hoy, gracias a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, puedo decir, que a partir de 1991 nunca más volvió a repetir esa frase, y contrario a ello, su sueldo llegó cumplidamente mes a mes, incluso, antes de lo esperado. Hoy, la reforma a la Justicia, elimina la Sala Administrativa. Para el desempeño de sus funciones como Juez de la República, antes de 1991, mi padre, forzosamente, debía comprar papelería, cintas para las máquinas de escribir, esferos, entre otros, todo, de su sueldo, que por cierto, llegaba cada tres meses. A partir de la Constitución de 1991, recuerdo con alegría, cuando en vacaciones acompañaba a mi padre a los municipios en donde laboraba, ver llegar el Suzuki SJ410 de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, con todos lo materiales para desarrollar las funciones del Juzgado. Hoy, el Congreso elimina la Sala Administrativa.
Podría contar infinidad de anécdotas en torno a un proceso histórico que día a día construyó el Consejo Superior de la Judicatura, por intermedio de su Sala Administrativa, pero quiero, finalmente, dedicar esta columna a señalar, como constitucionalista, mi tremendo rechazo por la Reforma a la Justicia actualmente debatida por el Congreso de la República, observando, entre muchos más, una clara sustitución de los pilares básicos sobre los cuales fue cimentado nuestro Estado Social de Derecho, en donde se crean instituciones que actualmente existen, pero a la luz de la atracción burocrática de poder, son sustituidos para llenar los nuevos cargos con favores y promesas políticas; en ese mismo sentido, se limita el acceso a los cargos públicos, para el efecto, modificando el tiempo, edad de retiro y años de experiencia, para llegar a ser Magistrado de una Alta Corporación, ¿lo que hoy existe no funcionó? ¿estuvimos en un limbo por más de veinte años?, preguntas que fueron olvidadas por quienes ignoraron que algún día hicieron parte de ese gran sueño llamado “organización de justicia” y hoy defienden el bodrio que pretende acabarla.
No hablé del ciudadano y los beneficios que la Reforma a la Justicia le implican, sencillamente, porque el ciudadano común y silvestre, no obtuvo ningún favorecimiento del Acto Legislativo en mención.
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(*) Abogado, Candidato a Magíster en Derecho Público, Actual Coordinador Académico de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
(**) Acto Legislativo Número 143 De 2011 Cámara