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El encabezamiento de toda ley dice de lo que se trata, y esto que resulta a todas luces una perogrullada, en Colombia es, por el contrario, una paradoja. Al menos en un par de asuntos tributarios y laborales, se puede apreciar que una cosa dicen en su encabezamiento y lo contrario desarrollan en su  articulado.

 

Estando en trámite ante el Congreso sendas reformas de este corte, bien vale citar ese par de ejemplos como aserto de lo que decimos:

 

1).- En diciembre del 2002, a solo cuatro meses del primer gobierno del presidente Uribe, el entonces ministro de Protección Social, Juan Luis Londoño, propuso (y se aprobó) la ley 789 con el siguiente título: “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo” (Diario Oficial).

 

Quien sostenga hoy, 10 años después, que esta ley resultó consecuente con su enunciado, es un mentiroso. La misma ley, en su artículo 46 (parágrafo), dispone que si al cabo de dos años (es decir, en 2007), la reforma laboral no había arrojado efectos prácticos para la generación del empleo que prometía… “En ese momento, el Gobierno Nacional presentará al Congreso un proyecto de ley que modifique o derogue las disposiciones”…

 

En ese entonces, la aguerrida senadora, Piedad Córdoba, demostró al gobierno que la ley había sido un fiasco. ¡Y la ley sigue vigente!

 

En el 2005, ya a tres años del presidente Uribe, y siendo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se expidió una reforma tributaria (ley  1004), en cuyo título se puede leer: “Por la cual se modifican <sic> un régimen especial (zonas francas) para estimular la inversión y se dictan otras disposiciones”… Y en sus propósitos se establecen:  “1. Ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas inversiones de capital; 2. Ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones donde se establezca; 3.

Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos, bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia, y buenas prácticas empresariales; 4. Promover la generación de economías de escala; 5. Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para facilitar su venta” (Diario Oficial).

 

Quien sostenga hoy, 7 años después, que esta reforma tributaria efectivamente cumple lo que enuncia, también dice mentira. ¡Y la ley sigue vigente!

 

Nuevamente las reformas en marcha –laboral y tributaria- dicen mentiras en sus enunciados: la primera dizque para generar empleo y la segunda dizque para la equidad. Los analistas más conspicuos en estas materias han disentido con argumentos teóricos y técnicos que van apuntando a otros intereses: la primera a beneficiar más a los empleadores y la segunda a favorecer más a los grandes contribuyentes… es decir, la laboral a generar más informalidad en las fuentes de empleo; y la segunda, a ampliar la brecha de la inequidad tributaria. ¡Justamente, todo lo contrario de lo que enuncian!

 

Y el Congreso, que ya no es un Poder Legislativo sino un Comité de Leyes a discreción del Ejecutivo, las aprobará… Que nadie dude.

 

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Fin de folio: Es en el seno de ese Comité de Leyes donde cabe la reelección de un Procurador que ha convertido el Ministerio Público en Ministerio Privado de sus intereses particulares: humanos y divinos. Y lo reelegirán… Que nadie dude.