Este polémico tema cobra resonancia en la actualidad debido al nuevo proceso de paz entre el Gobierno Nacional de Colombia y la guerrilla de las Farc. Saca a relucir diferentes temas sociales que han sido latentes pero nunca enfrentados por parte del Estado Colombiano. Los acercamientos comenzaron a destapar el argumento y la relación entre los resguardos indígenas su jurisdicción y la Constitución Política de Colombia, como ley que impera en el territorio colombiano. 

 

El proceso de paz solo es un punto de identificación y una forma de mostrar el verdadero problema social, político y legislativo, que se ha venido desarrollando desde antes de 1991 con las disposiciones y garantías de la Constitución que protegen y ponderan las comunidades y minorías étnicas en el territorio. 

 

El conflicto armado en Colombia, ha hecho víctimas a las diferentes comunidades indígenas a lo largo del territorio nacional, encontrando desplazamiento, masacres, reclutamiento forzado, y pérdida de la identidad cultural de los pueblos que son patrimonios de la humanidad ratificados en Tratados Internacionales y reconocidos en la Constitución. 

 

Encontramos más de 1800 líderes indígenas asesinados por diferentes grupos, desde paramilitares, bandas criminales, guerrillas y el mismo ejército de Colombia. A pesar de que la Carta Magna cuenta con organismos que protegen a las comunidades sus derechos están siendo vulnerados. 

 

A la problemática anterior se suman hechos agravantes para los indígenas en Colombia como lo son la pérdida de su territorio por la explotación de recursos naturales, el tránsito de droga y la presencia de grupos insurgentes en los mismos. 

 

Con esta problemática de las comunidades, y en medio del proceso de paz, surgen varios interrogantes, ya que los pueblos indígenas tienen su jurisdicción dentro del territorio nacional donde aplican sus propias leyes con base en sus costumbres y mantienen la prohibición de la entrada a sus territorios por parte de algunos de los agentes del Estado, como policía y ejercito y existiendo la necesidad estatal de hacer presencia para controlar el territorio; en este conflicto armado las guerrillas de las FARC y ELN han infiltrado a estos grupos humanos, utilizándolos como refugio, como santuario y como objeto político de negociación. 

 

El interrogante que quiero plantear con lo anterior es: ¿La solución de los problemas de las comunidades indígenas, es el desconocimiento de las leyes de Colombia? Porque mientras este proceso de paz este vigente, este álgido tema va ser instrumento de poder y de guerra, en negociaciones o en la paz, pues siempre estará el Estado legitimándose, y los indígenas utilizando métodos de facto para controlar su jurisdicción. 

 

Pero también hay hechos que se tienen que tener en cuenta al hablar de jurisdicción indígena, pues en estos últimos días han salido a la luz temas de relevancia penal en donde han estado inmersos miembros de las comunidades indígenas, en los que presuntamente han cometido actos delictivos. Siendo esto falta de conocimiento constitucional y normativo, pues la misma comunidad se encarga de vulnerar la ley del estado colombiano y hacer de la ley de su jurisdicción un objeto irrelevante que no castiga las conductas ni rehabilita a los infractores. 

 

Se han encontrado situaciones como la vulneración de los derechos de los niños con la ablación genital. Indígenas que deberían estar pagando penas en los cabildos recorriendo las capitales de los departamentos. Violencia sexual a turistas en la Guajira y posterior ocultamiento de los infractores por parte de la comunidad en sus rancherías. Solicitud de ser juzgado por la jurisdicción indígena de parte de del ex personero Rojas Birry, habiendo cometiendo delitos como enriquecimiento ilícito entre otros, al hacerse efectiva la captura de parte de las autoridades un grupo de indígenas protegía su casa para tratar de impedirlo. 

 

Mientras continúe la injerencia de factores externos a las comunidades Indígenas mezclados con ideologías políticas; explotación indiscriminada de recursos naturales y tráfico de drogas ilícitas;  Los otros factores propios a ellas mismas como lo son el desconocimiento de la Constitución y la falta de reconocimiento del Estado colombiano. Las comunidades serán un istmo alejado de la realidad del país y la problemática cada día será más grande, sin encontrar una solución que permita la legitimación de los derechos de los pueblos Indígenas y la protección que el Estado les debe dar, hasta que esto no cambie la jurisdicción indígena irá en contravía de la Constitución Política de Colombia. 

 

(*) Juan Camilo López Bernal es estudiante de Derecho de la Universidad La Gran Colombia

@jclopezbernal