Sin duda, hablando de nuestro país, la minería ilegal está causando muchísimos daños en Colombia. Además de desconocer claros principios contemplados en la Constitución y en las leyes, el ejercicio de esta actividad ilícita –en que están comprometidas organizaciones delictivas en distintas zonas del territorio- genera un ataque permanente a la naturaleza, y ocasiona erosión y perturbación ambiental en áreas muy extensas, que hoy se encuentran prácticamente destruidas.
Este es uno de los temas que deberían ocupar la atención de los candidatos presidenciales, y tendría que ser cuestión de primer orden en la gestión del próximo Congreso, e inclusive del actual, cuyo último período transcurre -hasta el próximo 20 de junio-, pero que se dedicará primordialmente -eso ya lo sabemos- a la política y a la campaña presidencial. Es obligación del estado garantizar a todos los colombianos un ambiente sano, y a los trabajadores condiciones dignas en el ejercicio de su actividad, todo lo cual es imposible en la minería ilegal que hoy se extiende y se multiplica sin que el Gobierno haya logrado erradicarla.
Desde luego, es indispensable reemplazar el Código Minero que se declaró finalmente inexequible mediante fallo diferido proferido por la Corte Constitucional. Recordemos que la Corte dictó su Sentencia, consideró que el Código era inconstitucional pero dijo que regiría durante dos años más, se cumplieron esos dos años, el tiempo transcurrió y el Congreso no expidió normas que reemplazaran o sustituyeran el Código Minero, entonces hay que expedirlo.
Ahora bien, vimos por televisión que las autoridades de Policía llegaron a sitios en donde tiene lugar precisamente la minería ilegal por cuenta de una organización criminal –los urabeños-, y eso nos parece muy bien, que haya llegado la autoridad y que se imponga el orden finalmente. Hay que perseguir a quienes llevan a cabo la depredación y la destrucción de nuestros recursos naturales y del ambiente.
Pero también se mostró en televisión cómo las autoridades destruyeron, mediante cargas de dinamita, las retroexcavadoras que se utilizaban para la minería ilegal. Esa política si nos parece, con el debido respeto, completamente inadecuada y hasta torpe. Las retroexcavadoras no son las culpables de la actividad ilícita y en cambio se necesitan. Los responsables son los grupos y organizaciones ilícitas y esas retroexcavadoras servirían para adelantar muchas obras públicas de las que lleva a cabo el estado colombiano y que se requieren en el país. ¿Por qué destruirlas, en vez de decomisarlas como instrumentos del delito, y entregarlas para el desarrollo de actividades lícitas? Por ejemplo, las obras públicas o la remoción de escombros cuando hay tragedias. Nos dirán que se hace en virtud de normas vigentes pero entonces si esas normas están vigentes y si es obligatorio destruir la maquinaria, hay que modificar esas normas para canalizar esos elementos hacia lo lícito y sobre todo hacia lo que requiere el país.
