POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

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Ante los últimos casos de amenazas e inclusive planes criminales –afortunadamente frustrados- contraperiodistas colombianos, no podemos menos de manifestar nuestra gran preocupación.

Aunque, desde luego, la situación actual no tiene las mismas características de la que afrontamos durante los años del terrorismo narcotraficante -cuando periodistas de la talla de Guillermo Cano y Jorge Enrique Pulido fueron asesinados-se hace necesario reconocer que hay señales de alarma cuya intensidad ha venido en aumento y no las podemos ignorar. En especial el Gobierno Nacional, los organismos de seguridad y las autoridades departamentales, municipales y distritales  -a cuyo cargo está, por mandato constitucional, la función de proteger y preservar la vida, los bienes, los derechos y las libertades de los asociados-  tienen que adoptar las medidas indispensables para garantizar que en nuestro territorio el ejercicio del periodismo no siga siendo una actividad peligrosa.

En esta materia, no se puede bajar la guardia, porque están en juego la paz, el futuro de la democracia, la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y la supervivencia del orden jurídico.

Obviamente, la tarea de las autoridades, en lo que concierne al amparo y la salvaguarda de los derechos, se extiende, como la Constitución lo expresa, a todas las personas residentes en Colombia y no sólo a los comunicadores, pero la experiencia muestra que cuando los delincuentes y las fuerzas oscuras escogen a un determinado grupo o sector para desatar contra él la violencia, ese grupo o sector merece cuidado especial y a él se debe dirigir en forma prioritaria la atención de los órganos estatales competentes, sin descuidar por ello a los demás ciudadanos.

Pero además, conviene tener en cuenta que en este momento, con un difícil proceso de paz en curso y existiendo  -como existen-  enemigos de la paz de distintas tendencias ideológicas, que a falta de argumentos están acostumbrados a hacer uso de la violencia, se multiplican las amenazas contra quienes de alguna manera influyen en la opinión pública a favor del diálogo y la solución política del conflicto.

De otro lado, la prensa cumple afortunadamente en nuestra democracia un importante papel de denuncia de las mil formas de corrupción existentes, dentro y fuera del Estado, y escudriña fenómenos y comportamientos en terrenos en los que a veces el propio Estado no penetra, también ese sector de los comunicadores está expuesto de manera permanente a la amenaza y a la acción criminal de los afectados por las denuncias.

Las autoridades tienen, entonces, varios focos que merecen su examen y la fijación de estrategias e inteligencia.

Por su parte, los dirigentes políticos y los formadores de opinión, y todos aquellos que pueden influir en el pensamiento y en el comportamiento de muchas personas y comunidades, están obligados a moderar su lenguaje; a no estimular la violencia; a abstenerse de propiciar el odio y la intolerancia.