POR OCTAVIO QUINTERO
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Tenemos problemas por cosas que no queremos resolver. Y cuando se dice “no queremos”, somos todos: no es solamente que no quiera el Gobierno o la clase política o empresarial, sino también la social, en donde contamos todos: Usted y Yo.
En el “Póngase a Pensar” de El Satélite se dice que “la democracia necesita de ciudadanos comprometidos”, como advertencia de que en nuestras manos está trazarnos una vida digna, o soportar la que se nos quiera imponer al capricho de los poderosos.
Ya vienen nuevas elecciones de Congreso y Presidencial, y sorprende ver cómo nos alistamos en dos aparentes bandos que son solo uno: Santos/Uribe, o viceversa. Ya nos convencieron, al menos eso parece, que este par son alternativa y no continuidad.
No solamente no queremos resolver nuestros problemas, inhibiendo de participar en procesos democráticos a personas que de una u otra forma tengan asuntos pendientes con la justicia, sino que nos hacemos más laxos, aprobando reelecciones viciadas de corrupción, como en el caso del expresidente Uribe.
Pero, cuando de alguna forma tomamos decisiones al respecto, por la misma puerta por donde sale el convicto entra su alter ego, en un gracioso giro que hemos dado en llamar “en cuerpo ajeno”.
Muchos son los ejemplos, pero la reciente condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia al exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, al hallarlo culpable de vínculos paramilitares en su elección, no parece cobijar a su hijo, Richard Aguilar, actual gobernador del mismo departamento.
¿Hubiera sido gobernador el hijo si el padre no hubiera sido gobernador? ¿Quiénes apoyaron al padre apoyan también al hijo? La condena del padre es por recibir apoyos de paramilitares en su elección… Resulta obvio que esos mismos apoyos debieron funcionar en beneficio del hijo. Hay cosas que por evidentes no requieren de mayor investigación.
Como en Colombia se nos acabó el carácter, eso mismo que entre la gente del común llama “vergüenza”, nadie espera que el hijo del convicto renuncie.
¿Qué necesitamos? Una ley que diga que ningún cargo de elección popular puede ser desempeñado por quien tenga vínculos de consanguinidad, o familiares, con personas procesadas -y menos por personas condenadas- en juicio…
Si tuviéramos una norma de este corte, en estos momentos, el gobernador de Santander debiera estar renunciando, alejando la posibilidad de que un convicto siga trazando el destino de ese departamento, en cuerpo ajeno.
