JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Foto lacomunidad.elpais.com
Divulgar la Constitución, como ella misma dice en su artículo 41, es una obligación del Estado, que éste no ha cumplido en la mayor parte de los casos, y cuando ha querido hacerlo, lo ha hecho en forma incompleta y muchas veces distorsionada.
Además, con la salvedad del presidente César Gaviria -a quien se debe en buena parte que la Constitución hoy vigente haya sido establecida, y quien se esmeró en el acatamiento a los primeros fallos dictados por la Corte Constitucional- y del ex ministro Horacio Serpa -quien fuera co-presidente de la Asamblea Nacional Constituyente-, los gobiernos se han caracterizado por criticar sin mayor fundamento la jurisprudencia de la Corte y la doctrina constitucional; por buscar la forma de eludir el cumplimiento de sus fallos; por atacar y desalentar la acción de tutela; por impulsar reformas constitucionales orientadas a convertir en normas constitucionales los preceptos de la ley declarados inexequibles y por confundir a la ciudadanía sobre el alcance de las providencias que no les satisfacen.
El ex presidente Ernesto Samper se empeñó en buscar la eliminación de las facultades de control judicial material –en cabeza de la Corte- sobre los decretos declaratorios de los estados de excepción -único punto en el cual coincide con el ex ministro Fernando Londoño-; el gobierno del ex presidente Andrés Pastrana, por conducto de sus ministros de Hacienda Juan Camilo Restrepo y Juan Manuel Santos, hizo todo lo posible por desfigurar y desobedecer los fallos de la Corte Constitucional en materia de financiación de vivienda a largo plazo, y con su ministro de Justicia Rómulo González dictó un decreto -el 1382 de 2000- para obstaculizar al máximo el ejercicio de la acción de tutela, so pretexto de reglamentar el reparto de las demandas, cuando la Constitución exige al respecto legislación estatutaria; el ex presidente Álvaro Uribe -por paradoja, dado su conservadurismo-, se mostró generalmente respetuoso de las sentencias de la Corte Constitucional, aunque propició reformas contrarias al Estado Social de Derecho, como la pensional, la de las transferencias de recursos a departamentos y municipios y la tributaria, a lo cual se agrega, ni más ni menos, el Acto Legislativo 2 de 2004 -más conocido como “la reforma de Yidis y Teodolindo”-, que desvertebró, con la reelección, la Carta Política de 1991.
En cuanto al actual gobierno, las frecuentes palabras melifluas y melosas del presidente Juan Manuel Santos no logran ocultar su tendencia a desbaratar (con la complicidad de los partidos de la llamada Unidad Nacional y la débil posición de la Corte Constitucional) los contenidos esenciales de la Constitución, mediante actos legislativos regresivos y contrarios al Estado Social de Derecho como el que reformó el sistema de regalías, la nefasta enmienda conocida como “sostenibilidad fiscal”, el de fuero militar o la inconstitucional reforma a la justicia, que él mismo desmontó por mecanismos no menos inconstitucionales.
En estos días el Ministro de Hacienda, ante una sentencia de la Corte Constitucional que declaró con razón inexequibles unos componentes tributarios de la fórmula para calcular el precio de los combustibles –que debería reflejarse en una ostensible disminución de los precios-, se ha dedicado a declarar a los medios de comunicación que tal fallo provocará, por el contrario, un aumento en los mismos.
Así las cosas, mal pueden nuestros gobiernos estar interesados en la divulgación o en el cumplimiento de las normas constitucionales. Están contra sus principios básicos.
