POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Foto: www.elementosdejuicio.com.co
En la Oficina de abogados que presido se ha resuelto desde hace varios meses no volver a litigar. No se llevarán más procesos judiciales y nos dedicaremos únicamente a la consultoría, a emitir, en Derecho, los conceptos que nos sean solicitados y a adelantar estudios jurídicos.
La razón de fondo estriba en la profunda crisis que presenta hoy en Colombia la administración de justicia. Una vez más decimos en esta columna que, si bien no se puede generalizar, porque hay jueces y magistrados probos, en verdad la corrupción de muchos funcionarios, en inadmisible contubernio con abogados inescrupulosos, se ha extendido de modo alarmante.
A la conocida paquidermia en juzgados y tribunales; a los fallos tardíos e ineficaces, se une la preocupante falta de estudio de los expedientes, y la nula preparación de jueces y magistrados en materia jurídica.
Como lo podrán corroborar o lo habrán corroborado muchos de nuestros lectores, últimamente se dictan autos y se profieren sentencias con motivaciones deprimentes; carentes de criterio jurídico. Es ostensible en muchos fallos la ausencia total de valoración del material probatorio, o un análisis parcializado e incompleto del mismo, lo cual conduce -obviamente- a decisiones contraevidentes e injustas.
No pocos abogados se han convencido, por la experiencia, de que ya no valen los argumentos de orden jurídico, porque sencillamente no se examinan. Y, como no aceptan que para ganar un pleito se necesita muchas veces pasar por encima de la ética, prefieren apartarse del ejercicio profesional.
Hay providencias judiciales que no parecen redactadas por los jueces o magistrados, sino por malos estudiantes. Providencias que, si las calificáramos en las universidades, no pasarían de cero, dada su pésima factura.
En los últimos días se ha descubierto que en Colombia hay carteles de jueces, empleados judiciales y abogados, y que los fallos se negocian. Como también ha expresado el Fiscal General de la Nación que hay un cartel de testigos falsos, que venden sus testimonios. ¿Cómo puede operar en esta forma y con estas características la administración de justicia en un país? ¿Cómo garantizar así a todos los ciudadanos el efectivo y real acceso a la justicia?
Ahora nos explicamos decisiones incomprensibles y contrarias a la lógica y a las evidencias, en providencias cuya lectura nos hacía preguntarnos cómo habían podido ser el resultado de un proceso en que se busca la justicia como valor supremo del Derecho.
Claro: no sabíamos que las vendían al mejor postor.
