Autor: Luis Gustavo Moreno Rivera

 

 

 

 

 

El Grupo Editorial Ibáñez  ha publicado, en su segunda edición, el libro titulado “EL FALSO TESTIMONIO”, escrito por el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera.

 

El autor, quien, entre varios títulos, tiene el de especialista en Derecho Probatorio de la Universidad Sergio Arboleda y ha sido consultor y litigante –luego sabe de lo que está hablando- adelanta un estudio pormenorizado sobre la prueba del testimonio en Colombia, con el doble componente de la teoría jurídica y la verificación práctica.

 

Tras un análisis sobre el concepto de “verdad”, que es lo que se busca en todo proceso, el libro entra en la consideración del falso testimonio, figura que, por supuesto, es introducida de modo fraudulento y criminal en los procesos, precisamente con el objeto de hacer que prevalezca la mentira sobre la verdad.

 

En La Voz del Derecho nos hemos referido reiteradamente al falso testimonio y hemos sostenido que, como resulta de la obra objeto de comentario, su aceptación por parte de jueces y fiscales no solamente viola los derechos esenciales de personas inocentes que inclusive llegan a ser condenadas solamente a partir de la versión de los falsos testigos, sino que representa la mayor afrenta a la justicia y convierte al Derecho en bajo instrumento de persecución o de retaliación política.

 

En el libro, el Dr. Moreno examina cuidadosamente la función de la prueba en todo proceso; los medios de prueba y en especial el testimonio, y se refiere a la valoración probatoria. Al respecto apunta, con razón, que la autonomía judicial al momento de efectuar esa valoración no es una facultad absoluta. Que, por el contrario, está reglada en el ordenamiento jurídico, pues de lo contrario sería una dictadura.

 

Dice el autor que la autonomía conferida a los jueces por la Constitución (Art. 231) “no puede convertirse en un escudo que les permita incurrir en arbitrariedades en ejercicio de sus funciones, pues el derecho al debido proceso se erige como un límite obvio y necesario  para la adecuada actividad judicial”. Y añade que, en materia de apreciación de las pruebas, impera el sistema de persuasión racional o sana crítica, el cual obliga al funcionario judicial a exponer de manera razonada el mérito que le asigne a cada medio de conocimiento, y que, en el área penal, rige el principio de libertad probatoria, motivo por el cual la apreciación de las pruebas debe hacerse, en forma conjunta, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

 

Este libro tiene una característica especial, y es que, además de la correcta exposición de los fundamentos constitucionales y probatorios, y de la referencia a la trayectoria jurisprudencial en la materia, presenta una serie de entrevistas y declaraciones de personas reales acerca de sus lamentables  experiencias, a raíz de falsos testimonios que llevaron a decisiones injustas  y a graves daños que, como consecuencia, les fueron causados en su libertad, en su vida familiar y laboral, en su trabajo, en su carrera, en su honra y buen nombre.  

 

Aquí debemos agregar que, en la formación del abogado, y particularmente en la preparación de quien haya de desempeñar las funciones de juez o de fiscal, es indispensable su fortaleza en la configuración del criterio jurídico –que va mucho más allá del aprendizaje mecánico de las normas vigentes- y resulta necesaria la inmersión del estudiante de Derecho en los principios de la sana crítica –que a su vez exige objetividad y capacidad de análisis-.  En el conjunto de elementos formativos, en el Derecho Probatorio, resulta primordial que el futuro abogado entienda y sepa aplicar los principios en que se funda la crítica del testimonio –ellas impiden la arbitrariedad-, además de contar con unas sólidas bases en lógica y en teoría del conocimiento. Aspectos que, infortunadamente, no son objeto de gran cuidado en nuestras facultades de Derecho, muchas de las cuales no otorgan a tales materias la importancia que deberían tener dentro de los planes de estudios.

 

De otro lado, además de las propuestas de reforma legislativa que formula el actor, y que los lectores encontrarán bien fundamentadas en el libro, debemos insistir en una que desde hace tiempo hemos expuesto: el Estado colombiano no debería dar paso a designación de jueces y fiscales que no hayan pasado previamente, después de su pregrado,  por un postgrado -especialización o maestría- específicamente diseñado, con altas exigencias académicas, para formar precisamente a aquellos abogados que hayan de ser llamados a administrar justicia a nombre de la República y por autoridad de la ley.

 

Merece felicitación la obra del Dr. Luis Gustavo Moreno Rivera, por lo cual, este medio no vacila en recomendarla como lectura esencial para estudiantes, profesores, jueces, fiscales y magistrados, y para el público en general.

 

 

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