Ante todo quiero subrayar que no confundo, ni quisiera que mis compatriotas confundieran, la paz (como valor supremo, derecho fundamental y deber ciudadano) con el Acuerdo Final pactado entre los delegados del gobierno colombiano y los de la guerrilla de las FARC. Una cosa es el farragoso y mal redactado texto de 297 páginas que nos han puesto a votar, y otra muy distinta la paz, que debe ser el objetivo prioritario de los colombianos.

 

He dicho que no me opongo a los diálogos de paz. Por el contrario, he sido un amigo permanente de la concordia mediante el diálogo con miras a una solución política, en vez de la confrontación armada, que no ha dejado sino sangre, muertos, llanto y destrucción. Acompañé desde el principio la iniciativa del presidente Santos de procurar por la vía pacífica el cese al fuego bilateral y definitivo, y la terminación del doloroso y fratricida conflicto promovido y adelantado por las FARC contra el Estado colombiano. Nadie intelectualmente honesto me puede señalar como enemigo de la paz, porque no lo soy. Quienes tengan alguna duda pueden examinar las varias sentencias proferidas por la Corte Constitucional con mi firma o ponencia, así como mis libros, artículos y columnas (radiales y escritas) en torno de este asunto.

 

Sin embargo, después del trámite y aprobación del Acto Legislativo 1 de 2016 (Acto Legislativo para la Paz), que a mi juicio no respetó las prescripciones constitucionales, he formulado observaciones sobre los vicios formales y los riesgos institucionales de esta iniciativa.

 

Hoy, ante la pregunta formulada por el gobierno en el plebiscito del 2 de octubre no puedo optar por el Sí porque debo conservar mi coherencia y, sobre todo, la fidelidad a mis convicciones jurídicas.

 

A algunos ha extrañado que quien esto escribe se incline por el No. Esta es mi decisión personal, adoptada en ejercicio de un derecho fundamental e inalienable, para el cual no requiero permiso de nadie. Adopto esta decisión en uso de mi libertad, la misma libertad que reclamo y respeto para quienes van a votar por el Sí.

 

 

Las razones

 

Si uno es honesto y coherente, no puede aprobar mediante el sufragio un documento con el cual no se identifica, o sobre el cual tiene seria reservas. Y yo tengo muchas reservas sobre lo previsto en el Acuerdo Final. Por ejemplo:

 

• Según el Acto Legislativo mencionado, el Congreso deberá convertir en reformas constitucionales y en leyes lo pactado, sin poder discutir ni modificar lo que presente el gobierno. Como si fuera poco, el presidente de la República gozará de facultades extraordinarias que él mismo se puede prorrogar.

• Los votantes van a apoyar o a rechazar emocionalmente un documento cuyos contenidos y verdaderos alcances ignoran, inducidos por una propaganda engañosa.

• En materia de justicia, discrepo del Acuerdo por razones similares a las expuestas públicamente por el vicepresidente de la República: el Acuerdo implica que puedan revivirse procesos ya fallados, desconociendo la cosa juzgada y el principio non bis in ídem (“no dos veces por lo mismo”).

• El Acto Legislativo 1 de 2016 se tramitó inconstitucionalmente. El artículo 375 de la Constitución dice que en el segundo período de sesiones para aprobar un acto legislativo “solo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero”. Pero en este caso fueron introducidos temas de fondo en los debates de la segunda vuelta (inclusive en el séptimo y el octavo debates)

• No comparto la adopción del Acuerdo Final como Acuerdo Especial de Derecho Internacional Humanitario, al amparo del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, ni su incorporación al bloque de constitucionalidad. Considero que los acuerdos con las FARC no encajan en el supuesto de la norma internacional, que se refiere a conflictos en curso, no a los terminados, como se supone que ocurriría en este caso.

• Creo que no se ajusta al derecho, ni a la realidad, llevar el narcotráfico a la categoría de delito conexo con el delito político.

• No acepto que el sistema de Justicia Especial de Paz incluya jueces extranjeros o designados por una ONG internacional, o por Naciones Unidas. Ese es un asunto de la soberanía del Estado colombiano, que no podemos confiar a foráneos, por destacados que sean, ajenos a nuestra realidad y a nuestro ordenamiento legal.

• No comparto la concesión de facultades extraordinarias al presidente, imprecisas y autoprorrogables, pues con ello se rompe una larga tradición jurídica y democrática, resguardada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional.

• En el Acuerdo hay demasiados compromisos y obligaciones que asume el Estado colombiano, sin una razonable reciprocidad por parte de la guerrilla.

• No están claras en el texto las reglas sobre penas. El lenguaje es melifluo y engañoso, y creo que habrá impunidad para los delitos cometidos contra la humanidad.