Que "no ve motivo para suspender los diálogos de paz" dice uno de los dirigentes del ELN, como si lo ocurrido en Barranquilla, en Soledad, en Santa Rosa, en Tumaco, En Buenaventura fuera apenas un juego, una película o una telenovela. Como si no hubieran continuado los secuestros, las extorsiones, las voladuras de oleoductos, los asesinatos de policías y líderes sociales.

Está muy bien que el Presidente de la República haya suspendido los diálogos. Ojalá persevere en su decisión, y que esa suspensión sea indefinida, mientras esa organización guerrillera persista en sus acciones criminales contra los colombianos.

Uno de los errores que hemos señalado al proceso de paz  adelantado con las Farc-EP fue precisamente la debilidad del Gobierno ante la continuidad de delitos como el secuestro o el reclutamiento de menores de edad. A esta fecha todavía muchos de ellos no han sido liberados, y hay familias que claman en el desierto, pidiendo que les devuelvan a sus seres queridos, injusta e ilícitamente privados de su libertad. 

Como lo hemos expresado en otras ocasiones, "los gobiernos no deben acceder a negociar bajo la presión de crímenes, atentados y  actos terroristas, que algunos “justifican” afirmando que son inherentes a este tipo de procesos porque, mediante tales procedimientos ilícitos, el grupo alzado en armas busca mostrar su capacidad de daño para fortalecer su posición en la mesa de negociaciones. Con todo respeto, mi opinión es contraria: quienes eso hacen no tienen una verdadera voluntad de paz y en realidad están ejerciendo un inadmisible chantaje sobre las autoridades, a costa de las víctimas.

Tampoco existe esa voluntad de paz cuando, como ha ocurrido en el caso colombiano, la organización guerrillera persiste en los secuestros o mantiene a personas secuestradas, o cuando sigue incurriendo en la abominable práctica de reclutar a menores de edad.   Los gobiernos no deben proseguir las negociaciones , y menos suscribir los acuerdos, ni comenzar a cumplir lo que le corresponde, mientras la organización subversiva, pese al proceso iniciado y su manifiesta intención de someterse a la legalidad –un supuesto sine qua non de cualquier proceso de paz-, se niega a liberar a secuestrados y a menores reclutados".