Si el candidato, como resultado de estudios serios que ha debido efectuar antes de diseñar los lemas de campaña, hubiera concluido que se vería obligado a presidir un gobierno alcabalero –se supone que tenía unos programas sociales y conocía el monto de los mismos y el estado de las finanzas estatales para adelantarlos-, estaba moralmente obligado a advertirlo, o al menos –si por estrategia política no le convenía anunciar tributos-, no ha debido prometer que durante su administración habría “menos impuestos y más salario mínimo, para un país solidario”. Lo contrario no es leal con los electores.
En lo que respecta a la proyectada extensión del IVA a los productos de la canasta familiar, no sobra recordar a los congresistas que, en 2003, ya la Corte Constitucional la declaró inexequible. Era sólo de 2%. Hoy se propone en el 18%.
Recientemente, en Sentencia C-209/16, la Corte recordó limitaciones constitucionales a la legislación tributaria, tales como los postulados del Estado Social de Derecho, la exigibilidad de los derechos sociales y económicos, la prohibición de regresividad, los derechos a la alimentación y al mínimo vital, los principios del sistema tributario (igualdad, equidad, progresividad y justicia), los cuales comprometen al ordenamiento fiscal en su integridad y son parámetros para determinar la legitimidad del poder impositivo estatal, que no puede obedecer únicamente a los ciegos e indolentes cálculos de asesores económicos.
La defensa de la iniciativa ha estado a cargo de un tecnócrata, en cuya mente no caben consideraciones distintas a las cifras aprendidas de memoria. Allí no existen ni la Constitución, ni los derechos, ni el Estado Social, ni la jurisprudencia, ni el equitativo reparto de las cargas tributarias, ni la realidad de la clase media, ni los principios superiores de equidad, eficiencia, igualdad (real y material), proporcionalidad, razonabilidad…, ni nada. Solamente porcentajes incomprensibles para la mayoría. Se atrevió a proclamar que un trabajador con salario mínimo, cuando le fueran a consignar los famosos cincuenta mil pesos de “devolución del IVA”, bien podía decir: “No me consignen tanto. Basta con veinte mil pesos”. Queda claro que el funcionario ignora por completo la dura realidad de esas familias. Esa afirmación es burla, cruel e indolente, contra los más pobres.
El Congreso, que no representa ni se debe al Gobierno sino al pueblo, tiene la palabra.
