En el mundo entero  –pero en especial en los Estados Unidos y particularlmente en  el Pentágono-  han causado gran impacto las más recientes publicaciones de WikiLeaks. En Norteamérica, en las esferas oficiales hay  mucho afán,  preocupación y alarma por todo cuanto se viene conociendo en ese medio fundado por el australiano Assange  en torno a  la guerra de Irak.  

En medio de las críticas de los funcionarios norteamericanos, del actual gobierno irakí,  de la OTAN y ahora hasta de Irán –que considera sospechosas las filtraciones-,  WikiLeaks sigue sorprendiendo al difundir en la red lo que se considera  como la mayor revelación de información clasificada  a lo largo de la  historia.  Ha filtrado cerca de 400.000 archivos secretos sobre la invasión a Irak y acerca de miles de muertes, torturas y crímenes  cometidos por soldados estadounidenses o por agentes iraquíes en ese territorio.

Allí aparecen detalles relacionados con  muertes de civiles, tormentos a  los presos y ejecuciones sumarias. Según las publicaciones, la cantidad de civiles iraquíes caídos en esa guerra es  mucho más alta que la declarada por EEUU y por los británicos. Los documentos filtrados  se refieren a más de 109.000 muertes violentas en Irak entre 2003 y finales de 2009, la mayoría de población civil
indefensa.

Assange considera que se lo quiere censurar; el Pentágono alega que se ha puesto en peligro a las tropas y algunos medios no quieren reproducir las informaciones.

Es decir, en los Estados Unidos muchos creen que los condenables no son los crímenes sino que se conozca públicamente que han sido cometidos. Entonces, los malos no son los oficiales que ordenaron las torturas o los ataques indiscriminados a la población civil, ni los políticos que tercamente insistieron en esa sangrienta incursión bélica, sino las páginas web y los medios  de comunicación que divulgan lo acontecido.

Aquí también: no son pocos los críticos de los medios que han venido publicando los pormenores del ilícito seguimiento que, desvirtuando la naturaleza y la función del DAS, programaron dignatarios del gobierno anterior contra magistrados, periodistas y políticos de oposición.

Igualmente, el Alcalde Mayor de Bogotá reclama a los medios por dar cabida a las denuncias sobre el cartel de la contratación.

Ni más ni menos, esta es la misma actitud de los emperadores romanos, que ordenaban matar al mensajero cuando no les gustaban los mensajes.