El “caso Pardo” –en que el Ejecutivo formuló públicamente una grave acusación contra el Senador y Precandidato- deja al descubierto, entre otras cosas, que en Colombia se ha desdibujado por completo el concepto constitucional de “Gobierno”. Eso, aunque pueda parecer a algunos de poca importancia, la tiene mucha desde el punto de vista de las instituciones, ya que hablamos  -ni más ni menos-  de la conducción del Estado, ahora confundida, gracias a la reelección, con la dirección de una campaña política.

El Gobierno, según el artículo 115 de la Constitución, está conformado exclusivamente por el Presidente de la República, los ministros del Despacho y los directores de departamentos administrativos, y en cada asunto específico por el Presidente de la República y el Ministro o el Director del Departamento Administrativo correspondiente.

Salvo los casos que expresamente menciona la propia Carta, ningún acto del Presidente tendrá valor ni fuerza alguna sin la firma del respectivo Ministro o Director de Departamento Administrativo, quienes por el hecho de firmar contraen una responsabilidad.

Eso significa que cuando se habla de que el Gobierno traza una cierta política, fija una determinada posición, imparte una orden, señala una directriz o formula una acusación, de suyo alguien, dentro de la estructura estatal, se hace responsable por la política trazada, o por la posición, orden, directriz o acusación de la cual se trata, y ese alguien no es otro que el propio Presidente de la República, junto con el ministro o ministros, director o directores de Departamento Administrativo a cuyo cargo se encuentren los asuntos en referencia, quienes  -se supone-  se han puesto de acuerdo, y no obran como ruedas sueltas.

De suerte que las cosas no las hacen en el Gobierno fantasmas ni seres ocultos o inasibles, sino personas de carne y hueso que ejercen funciones previamente contempladas en el ordenamiento jurídico y que, con arreglo al artículo 6 de la Constitución, deben responder por sus actos u omisiones.

Lo que se está viendo en la práctica últimamente  -acaba de ocurrir- es todo lo contrario: muchas equivocaciones se cometen  -graves y trascendentales-,  supuestamente por impulso o decisión del Gobierno Nacional, y cuando vamos a ver quiénes en concreto responden, o de dónde salieron las determinaciones, nos perdemos en una bruma espesa e inexplicable. Al fin no se sabe si todo tuvo orígen en el Presidente, en el ministro del ramo, en el Comisionado de Paz, en el Jefe de Prensa de Palacio….o, ahora, en el partido de la “U”.

Las responsabilidades, por supuesto, se diluyen; en el “caso Pardo,”  los que hablaron ayer con firmeza en nombre del Gobierno, sin serlo, se desdicen;  lo que en un momento anterior se presentó como algo de enorme gravedad pasa de la noche a la mañana a ser algo intrascendente “que debemos dejar de ese tamaño”.   Unos protagonistas del suceso trasladan a otros la responsabilidad. Hablan todos, menos los verdaderos integrantes del Gobierno, que serían los únicos que debían hablar. Y, cuando la situación se torna insostenible, todo desaparece con una confusa “retractación” ante los medios, del propio Presidente de la República, quien dice tener pruebas de lo afirmado, sin poderlas mostrar por motivos de orden superior, pero en el interior de la Administración no pasa nada; nadie fue; no se sabe qué ocurrió; nadie renuncia y nadie responde, y todo sigue igual, pero no sabemos dónde está el Gobierno.
 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.