Acaba de ser aprobada una nueva reforma de la Constitución Política de 1991, esta vez acerca del control fiscal y la Contraloría General de la República.

Ya van 55 reformas, algunas de las cuales han sido declaradas inexequibles -total o parcialmente- por la Corte Constitucional. Este año ya van cuatro, y hay otros proyectos de acto legislativo en trámite.

En cuanto a la enmienda del sistema de control fiscal y las facultades del Contralor, habrá que estudiar sus repercusiones en el ordenamiento y en la práctica, particularmente en lo que atañe a la lucha contra la corrupción sin crear más fuentes de la misma.

Pero, más allá de la más reciente modificación constitucional, lo cierto es que, con el uso improvisado e irresponsable del poder de reforma, se ha venido creando una gran inestabilidad en el sistema jurídico, al punto en que la normatividad fundamental, llamada a estructurar las bases institucionales de la República, es hoy algo provisional e inacabado.

Infortunadamente, se ha perdido el sentido, el significado y la dimensión de lo que, para el Estado y la sociedad, significa una enmienda de la Constitución.

Entonces, los proyectos son presentados sin tener en cuenta un hilo conductor, sin un criterio de mínima coherencia entre ellos, y sin ninguna planificación, ni estudio de razonabilidad.

El resultado: una Constitución que va perdiendo su propia identidad.