La Carta Política establece que las ramas y órganos del poder público tienen funciones separadas y son independientes, pero su artículo 113 formula una advertencia de gran importancia: “Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. Debe darse el intercambio respetuoso de ideas y criterios. No se trata de instituciones que, so pretexto de independencia, adoptan sus decisiones sin considerar en conjunto y de manera coherente la actividad estatal. Ella debe estar orientada siempre a la prevalencia del interés general. Así debería ocurrir entre Gobierno y Congreso, a propósito de proyectos y expedición de leyes.
En el plano económico y social, el Estado -al tenor del artículo 334 superior- debe dirigir su actividad al servicio de la comunidad; promover la prosperidad general e intervenir, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, así como en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.
Nos extraña que, en el curso de los debates, haya pugnacidad y mutuas recriminaciones personales, en vez de diálogo e intercambio razonado de conceptos y argumentos sobre los temas que se discuten.
Ejemplos:
-Hace poco, un congresista recriminó a una colega suya por haber sido artista en el pasado, olvidando el debido respeto que merece, como legisladora y como mujer.
-Durante un debate relativo al proyecto de presupuesto, el ministro de Hacienda usó términos insultantes contra un congresista opositor por no compartir sus tesis, olvidando que el Congreso tiene precisamente esas funciones: discutir, debatir, exponer contrapropuestas en torno a los proyectos -con mayor razón los de carácter económico-, dentro de un esquema de mutuo respeto y consideración.
-También ha extrañado que otro ministro, el de Justicia y el Derecho, ante la pregunta de si las sustancias usadas para fumigaciones -suspendidas por decisiones judiciales-, afectan a los seres humanos, haya respondido: “Yo no le puedo contestar qué va a pasar con el ser humano porque este programa no está diseñado para saber qué le pasa a un ser humano cuando le hagan una aspersión con uno de los componentes”. Quizá, en las publicaciones, las palabras del ministro fueron sacadas de contexto, porque él sabe que al Estado corresponde, ante todo, proteger los derechos esenciales, la vida y la salud de todas las personas y preservar un ambiente sano, contra todo peligro para esos derechos.
Lo que se espera de las altas dignidades de representación y gobierno es la mutua colaboración y el respeto, en procura del interés general, más allá de la orientación política de cada uno. Y la observancia de la Constitución.
