Los últimos acontecimientos relacionados con la para-política y con los procesos judiciales que se siguen respecto a los posibles vínculos de congresistas y otros servidores públicos con criminales, no pueden ser más preocupantes.

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación adelantan los procesos, dentro de sus respectivas órbitas de competencia, y debe confiarse en esas instancias, pero la catarata creciente de información es, y será en los próximos días, alarmante. Sin duda, dura para el país, pero necesaria.

La sola circunstancia de que familiares de la Canciller de la República hayan sido llamados a proceso por sus relaciones políticas y personales con las autodefensas, causa un enorme daño a la imagen y a la actividad de Colombia en el exterior, como ya principia a verse en forma tangible en numerosas publicaciones y medios del extranjero, reflejándose el escándalo en el trámite mismo de nuestras relaciones exteriores, con cancelación o postergación de actos, reuniones y compromisos ya contraídos.

Pese a ello, el Gobierno insiste con terquedad en que los procesos penales en curso no afectan la permanencia de la doctora María Consuelo Araujo en el cargo.

Desde luego, no hay nada contra ella personalmente, ni respecto a su solvencia para ejercer las delicadas funciones que le han sido encomendadas, pero debe entenderse que su posición es muy difícil frente a la comunidad internacional y ante los medios de comunicación del mundo, y esa dificultad no la perjudica a ella individualmente, ni al Presidente de la República, sino al Estado colombiano.

De otro lado, ya comienza a verse una tendencia proterva de ciertos sectores contra las instituciones como tales, y algunos se han atrevido inclusive a proponer el cierre del Congreso, o a propiciar el trámite de una ley de punto final, que no sería otra cosa que una norma de impunidad inadmisible, sobre la base de que, manchados muchos, sería mejor  -así piensan los proponentes- lavar las culpas de todos en forma colectiva y sin que se conozca la verdad.

El deplorable cuadro queda completo con las recientes denuncias formuladas contra miembros de las altas corporaciones de justicia por amistad o cercanía con un miembro de la mafia italiana, o al menos por haberle recibido recomendaciones, o por haber sido convidados por él a actos sociales relacionados con la enología.

Claro está, también se ha aprovechado esta última situación para descalificar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en el proceso de la para-política ha venido actuando con rectitud y eficacia; quizá se divulgan especies con el vano propósito de neutralizar la acción de los magistrados.

Al respecto, sin perjuicio de que las investigaciones contra los jueces se adelanten a plenitud  -como ellos mismos lo han pedido-,  nos parece que tales sindicaciones  no pueden obstruir ni debilitar el impulso de los procesos penales en sus manos, ni tender una “cortina de humo” que aleje a la sociedad colombiana del pronto y total conocimiento de la verdad.