P. Sloteerdijk-citado por el humanista español Carlos García Gual.

Por: Álvaro Echeverri Uruburu.

El gobierno Duque y sus partidos políticos acólitos, se disponen a ejecutar el último acto de desvergüenza– de los que muchos que han venido cometiendo durante esta “horrible noche” que vive el país– al proponerse aprobar la supresión de las restricciones que hasta ahora les imponía la Ley 996 de 2005 de Garantías electorales, a la contratación pública y a los nombramientos oficiales, para impedir que a través de estos, se aprovecharan para publicitar o, incluso, financiar las campañas de  los partidos políticos  en el poder.

Sin duda, ha sido una larga cadena de desvergüenzas y cinismo a la que hemos asistido durante los últimos años, como el discernimiento de las máximas dignidades del Congreso de la República en personas que enfrentan problemas judiciales y, peor, la aceptación de estas posiciones sin la menor sombra de pudor y recato moral. Situación similar ocurrió con uno de los magistrados propuestos por el gobierno para integrar la comisión de Disciplina Judicial, cuyos miembros por el hecho de ser “jueces de jueces” deben ostentar una hoja de vida sin tacha ni mácula alguna.

Cinismo y desvergüenza con las cuales se ofendió a las víctimas, cuando el jefe del Estado vistió prendas policiales– volvería a hacerlo en otros casos de extralimitación policial– el mismo día en que integrantes de ese cuerpo armado habían asesinado al joven abogado Javier Ordóñez, en una escena de barbarie y violencia desmedidas que todo el país conoció casi en tiempo real gracias a los medios de comunicación televisivos. Ese respaldo presidencial a la policía, inoportuno por decir lo menos, al parecer sirvió para propiciar nuevos y multiplicados excesos y desmanes de la fuerza pública a lo largo de los meses siguientes que, infortunadamente, fueron respondidos por actos de violencia y destrucción de los manifestantes, movidos por una rabia e ira de carácter antisocial.

Cinismo y desvergüenza cuando la Procuraduría General de la Nación, a cargo de una funcionaria que llamó sin recato al  gobierno que debe vigilar “nuestro gobierno”, decidió absolver disciplinariamente a los funcionarios responsables de la ampliación de la Refinería de Ecopetrol en Cartagena –REFICAR– y qué significó el más grande desfalco al erario Nacional por 2.9 billones de pesos, no  obstante que esos mismos funcionarios habían sido llamados a responder fiscalmente por parte de la Contraloría General de la República.

El último escándalo de corrupción, el contrato de “Centros poblados” con el Ministerio de las telecomunicaciones, ha servido para ocultar la impunidad o la inacción de otros casos más graves en términos del monto del detrimento patrimonial  –cómo el  señalado caso de REFICAR– o de corrupción política, como el de la financiación de la campaña del actual Presidente de la República por parte del reconocido narcotraficante José Guillermo Hernández (el “Neñé”), o las maniobras corruptoras de los electores en Barranquilla adelantadas por el Clan Char- Gerlein.

Pero, lo que más llama la atención en todos estos casos y otros más que se haría interminable mencionar, es la impudicia o desfachatez con las cuales se realizan estos comportamientos y que parecen decirles a los ciudadanos por parte de sus autores que nos les importa en absoluto el juicio negativo y adverso de estos. El “castigo electoral”, que supuestamente la democracia impone a los malos servidores públicos de elección popular, no parece haber sido factor disuasivo en ninguna de estas circunstancias. Más bien, se exhibe –y con ello se reta al ciudadano indignado– con el comportamiento reprochable.

Los hechos reseñados, responden perfectamente al calificativo de desvergonzados que desde el comienzo les hemos dado. Así, el diccionario de la RAE define el término desvergüenza como “descarada ostentación de faltas y vicios”.

Para los antiguos griegos, el respeto, la vergüenza y el sentido moral, que ellos llamaban “aidós”, eran indispensables para la convivencia cívica.

El mito de Prometeo, que les había regalado a los hombres el fuego, base de su progreso, no fue suficiente porque aquellos carecían de capacidad política, vale decir, de vivir en comunidad. Zeus se apiada de ellos y manda a Hermes, el dios mensajero, para que les reparta las virtudes del “aidós”: pudor, respeto, sentido moral y diké (el sentido de la justicia), pues, no existirían las ciudades –es decir las comunidades políticas– sin estas virtudes.

Y concluye así sobre el mito de Prometeo el profesor Carlos García Gual, citado en la nota inicial de este escrito: “La convivencia cívica encuentra, pues, según este mito –qué es una ilustrada alegoría– sus apoyos básicos en la participación universal en el pudor y en la justicia…  si los hombres carecen de “aidós” y de justicia, la vida en sociedad sería demasiado salvaje y bestial, aborrascada por el egoísmo y la violencia... al margen de estos sentimientos no hay vida civilizada”.

La desvergüenza de las élites del país– representadas en el gobierno actual y en sus partidos políticos aliados– que en forma cínica asumen conductas reprobables, han terminado por destruir la confianza ciudadana en las instituciones del Estado, como lo demuestran todas las encuestas, y con ello, la posibilidad de vivir en una comunidad pacífica y con un futuro de progreso y bienestar.

Pero, además, preocupa el insolente desconocimiento de esas élites a un posible “castigo electoral”, que ojalá no signifique la manipulación fraudulenta del próximo proceso comicial.

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