Cuando un choro es capturado, debe devolver los elementos que fueron objeto del delito, bien sea a sus propietarios o al Estado con fines de confiscación. ¿A qué diablos viene esta verdad de Perogrullo? Pues a que en días pasados se habló extensamente de los mal llamados “falsos positivos”, que dieron lugar a cientos de premios y condecoraciones, sobre los cuales no se ha establecido qué debe pasar tras probarse que se trataban de ejecuciones sumarias. Supondríamos que tales deben retornarse, puesto que son inmerecidas y en tanto que con estas se busca premiar un servicio y no un engaño o de plano, un mal. Estrellitas de colores, medallitas de oro y espaditas de plata deberían devolverse al Estado para que disponga de ellas, las cuelgue en una pared o las funda y convierta en algo útil. No puede reclamarse ningún derecho sobre algo a lo cual no se tiene derecho. ¡Atención, firmes! A devolver medallas, mar.
Otoniel pensó que este era un país serio y que confesando sacaría algo, y sí que obtuvo algo, un tiquete Bogotá-Nueva York en avión privado con única clase. Antes de partir, no se le obligó a colaborar con la justicia colombiana y en los intentos por conocer su verdad sobre el conflicto armado fue interrumpido varias veces por agentes de la SIJIN. ¿Qué tiene que hacer ahora desde EE.UU.? Empelotar a sus cómplices y auxiliadores, entregar algunos pesos y después, en silencio, con un cambio de nombre y de domicilio, chao bambino que te vi y no sé dónde estás. Por eso muchos prefieren la extradición. Otoniel hizo su negocio y los gringos también. Las que se quedaron viendo un chispero fueron las víctimas que esperaban conocer la verdad de su tragedia.
Se había advertido y era de público conocimiento que la ley hecha en favor de Iván y por medio de la cual se desbarataba la Ley de Garantías –beneficiando politiqueros y alimentando el monstruo de la ‘contratitis’– se caería en el examen de constitucionalidad al que eventualmente tendría que someterse. Germán, coautor de esta columna, lo anunció meses atrás en el pleno de la Cámara, con el argumento de que al tratarse de una ley estatutaria no podía modificarse con una ordinaria, pero, como si estuvieran en carnaval, a la mayoría le importó un pito el concepto jurídico. Se alistaban las matracas con que anunciarían la feria de contratos, sonaron, vinieron los contratos y muchos pelecharon. A esa fiesta asistieron por igual liberales, cristianos, conservadores, del santo MIRA, de Cambio Radical, de los de la letra 23 del alfabeto –indicativa de que se devuelva por donde vino–, y demás integrantes de la coalición de gobierno, los que, en ese aquelarre a la salida del Elíptico, aplaudieron su triunfo, que no fue otra cosa que un golpe mortal al presupuesto nacional.
Pero no todo les salió. Como lo habían advertido Inti Asprilla, Juanita Goebertus, David Racero, María José Pizarro, Edwin Díaz Plata, Ángela María Robledo y Germán Navas Talero, la norma fue declarada inconstitucional. Ahora viene un dolor de cabeza para los autores de esa picardía, pues la sentencia se definió con efectos retroactivos, con lo cual quedan sin vigencia los contratos firmados en el periodo comprendido entre la entrada en vigencia de la norma y su declaratoria de inexequibilidad. Alguien tendrá que responder y seguramente será el Estado, pero también si partimos del supuesto de que todo responsable de un detrimento patrimonial debe responder por este, las instituciones tienen que ponerse las pilas e iniciar acciones de repetición en los casos en que se vea afectado el patrimonio público.
Recordamos escuchar a uno de los ponentes de esta ley, caricatura liberal, a la salida del Elíptico comentando con otros partícipes en el festín que qué importaba que la Corte fallara después si el presupuesto ya se habría ejecutado y para entonces se habrían celebrado las elecciones legislativas. Por estos días habrá una demanda elevada de bicarbonato en el Capitolio, ya que dicen que para la acidez estomacal es un remedio bendito.
Para agravarles la gastritis, sabemos que en este momento hay abogados presentando acciones penales contra los autores de este desaguisado y desde esta tribuna les deseamos toda la suerte del mundo. A partir de interpretaciones sensatas como las que formuló la Corte Constitucional, puede hacerse una comparación entre el caso de Yidis y Teodolindo y el de los congresistas que votaron favorablemente a esta mutilación de la Ley de Garantías, a sabiendas de que era inconstitucional y quienes decidieron privilegiar su interés proclive por los contraticos.
–Por otro lado– Nos comentaban en los pasillos del Congreso que Mamolano y Zapateiro se fueron a tomar vino para festejar la impunidad por la masacre de Alto Remanso (Putumayo) tras la absolución del primero en la moción de censura. Parece que, a consecuencia de la borrachera –en el mejor de los casos–, dieron vacaciones a la fuerza pública, mientras los paracos hacen una ruidosa protesta en 13 departamentos y 119 municipios por la exportación de su jefe, alias Otoniel. A la altura de esta tecla y marcando el reloj las 9:30 p.m. del domingo 8 de mayo, se conoce de al menos cinco homicidios, 174 vehículos incinerados, mercados desabastecidos, pérdida de cosechas, cortes en el suministro de gas y energía eléctrica, y millones de connacionales sitiados, confinados y desamparados. Desde acá repetimos el aplauso que les dieron sus áulicos en el Congreso, señor ministro y general.
A propósito de estos lamentables hechos, por las redes nos topamos con esta imagen que aquí les compartimos. Quisimos respetar a su autor y darle el respectivo crédito, pero no supimos quién fue.
Para terminar, los chismes que llegan del Concejo de Bogotá dan cuenta de que una de las que aprovechó el desorden con la reforma a la Ley de Garantías fue la alcaldesa Claudia López (@ClaudiaLopez), quien hizo uno que otro contrato, no sabemos si entre esos estuvo el de los bolarditos de colores a los que hicimos referencia en la pasada columna. Ahora todo indica que tendrá que romper el chanchito de la oficina y sacar las monedas para responder a las acciones de repetición que se anuncian por parte de los contribuyentes, entre quienes nos contamos y con los que compartimos la preocupación por la manera en la cual esta Administración se tira los impuestos. Estará pensando ella o su secretario de hacienda montar una Vaki para reponer los pesitos, pero los bogotanos no nos dejaremos ordeñar.
Adenda: una pregunta tonta se hace El Espectador en la edición del viernes pasado, en la cual plantea: “¿Dónde están los doctores?”. Muy sencillo, en el Congreso y a las puertas de Paloquemao, en donde cualquier representante o vendedor es un ‘doctor’.
Adenda II: A oídos de nuestro periodista, Francisco Cristancho R., llegó el rumor de que ni la popular cremita #4 ha podido aliviar al ardido director de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro Giraldo, quien, en su momento, aplaudió a rabiar la chambonada que hicieron en el Congreso con la Ley de Garantías. Hoy, luego de la reciente decisión tomada por la Corte, Toro no sabe cómo mermar su ardor ni cómo irá a responder con lo que se avecina.
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