A juzgar por sus primeras actuaciones tras el contundente triunfo electoral del domingo, Juan Manuel Santos está dispuesto a desarrollar sus tareas de gobierno dentro de un estilo propio, claramente distinto del que ha caracterizado la gestión del Presidente Uribe, desde luego sin perjuicio de continuar desarrollando las políticas esenciales en ejecución, según lo prometió en la campaña.

Obviamente, sería necio desconocer éxitos y logros muy importantes alcanzados por el país durante estos ocho años, especialmente en lo relativo a la seguridad democrática, y en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Ese es un criterio prácticamente unánime en el interior del país, como quedó nítidamente expresado en las urnas, y es también lo que se refleja en las expresiones de felicitación de muchos gobiernos en el mundo, y en los editoriales de los periódicos más influyentes.

Pero tampoco se puede negar que en estos años y en forma creciente las relaciones entre el Gobierno y la rama judicial del poder público, y entre Colombia y otros países  -como Venezuela y Ecuador-,  han sido conducidas dentro de un concepto general de pugnacidad y choque, lo que definitivamente no conviene al país y debe ser revisado.

En lo que toca con la justicia, Santos entiende, al parecer, que en su condición de Jefe de Estado tendrá que realizar el mandato constitucional de la separación e independencia de las ramas y órganos del poder público, pero acompañadas de la colaboración y la armonía indispensables para el logro de los fines estatales.

Ojala también entienda  -y así lo practique-  que los jueces y magistrados no son subalternos del Ejecutivo; que las providencias judiciales tienen que ser acatadas por todas las autoridades públicas, sin detrimento del derecho que todo ciudadano tiene a controvertirlas respetuosamente, y sin perjuicio del uso de los instrumentos y recursos procesales a disposición de las partes cuando estimen que sus derechos han sido desconocidos en los estrados. Esto último tampoco se puede descartar, y es claro que la infalibilidad no es propiamente la característica de muchas decisiones.

Pero el sistema jurídico tiene previstos los procedimientos regulares de controversia y las formas idóneas de reclamo, además de las posibilidades de critica constructiva en los recintos académicos, en donde muchas veces, dentro del debido respeto, despedazamos las sentencias.

Y eso es precisamente lo que no se puede perder: el respeto y el buen trato, sin renunciar a la discrepancia.