Por causa de la polarización existente, se ha incrementado el discurso irrespetuoso y agresivo. Han sido muchos los discursos, videos, escritos, trinos y mensajes en redes sociales, mediante los cuales se los ha ofendido, se los ha presionado, se los ha descalificado, perfilado y amenazado.
Cuando, en anteriores columnas, nos hemos referido al respeto que, en un Estado de Derecho, merecen la administración de justicia y las decisiones judiciales, se nos ha respondido que tales decisiones son públicas, que hay libertad de expresión, que los jueces no son perfectos y que se puede discrepar de cualquier sentencia.
Sí. Estamos de acuerdo. Las actuaciones judiciales -como señala el artículo 228 de la Constitución- son públicas, salvo las excepciones que contemplen las leyes. Están garantizadas las libertades de expresión e información. Los jueces y magistrados, en cuanto seres humanos, carecen de la perfección divina y, por tanto, pueden equivocarse o incurrir en errores o contradicciones. Toda persona puede criticar el sentido y la motivación de las providencias judiciales. Todos, en especial los abogados y los académicos, tenemos todo el derecho de disentir, parcial o totalmente, de una sentencia. Tanto es así que, en las corporaciones judiciales colegiadas -tribunales y altas cortes-, son permanentes los salvamentos y aclaraciones de voto -que en otros países se denominan votos particulares-, en los cuales se expresan las discrepancias del dictamen mayoritario.
Pero lo que hemos subrayado, exigiendo respeto a la justicia, va en otro sentido. Claro que puede haber providencias judiciales equivocadas. Por eso, el sistema jurídico contempla los recursos -ordinarios y extraordinarios-, las instancias y las posibilidades de revocación o confirmación de las sentencias. La parte afectada por una fallo -no solo en materia penal sino en las distintas ramas del Derecho- dispone siempre de amplias garantías para reclamar que las decisiones adoptadas se revisen, se modifiquen, se anulen o revoquen. Los jueces y magistrados pueden ser recusados cuando han seguido conociendo de un asunto pese a existir en cabeza suya causales de impedimento. Y, si prevarican, deben responder penalmente.
Todo eso es verdad. Pero el agravio, el insulto, el ataque personal y -lo que es peor- la amenaza o la invasión de la órbita personal o familiar, son conductas inadmisibles que merecen rechazo. Los jueces y sus decisiones y fallos deben ser respetados y acatados, sin perjuicio de ejercer los recursos previstos en las leyes.
En otro aspecto, aunque está garantizado el derecho a informar, no está bien que la información que se suministre a la ciudadanía acerca de ciertas decisiones judiciales -dada su incidencia política- sea incompleta, parcializada o sesgada. Debe ser veraz e imparcial, como lo exige la Constitución.
Cabe recordarlo porque vimos y escuchamos que una sentencia que condenó a alguien por unos delitos y fue absolutoria sobre otros, se titulaba y presentaba como totalmente condenatoria o plenamente absolutoria, según la inclinación del medio respectivo. Eso desinforma y conduce a equívocos innecesarios.
