Si las finalidades del Estado, como lo señalan nuestras normas fundamentales, consisten en el servicio a la comunidad, en el logro de la paz, la igualdad y la equidad;  en el propósito de conseguir la prosperidad general, la garantía de los derechos y libertades; en el cumplimiento de los deberes sociales; en la efectiva y real procura del bien común y de la justicia económica, política, administrativa y cultural en todo el territorio -entre otros objetivos-, los procesos electorales se deberían orientar a escoger a los representantes del pueblo para la realización de esas finalidades, en un adecuado y leal ejercicio de las funciones públicas, dentro de la legalidad.

A los ciudadanos se les garantiza tanto el derecho de elegir como el de ser elegidos, en libertad, dentro del orden jurídico, en igualdad de condiciones, en paz y con el debido respeto, sin perjuicio de las diferencias políticas o ideológicas.

Tanto los partidos y movimientos políticos como los candidatos y precandidatos a la presidencia de la República y los aspirantes al Congreso deberían preocuparse más por un contacto con los electores, mostrando lo que quieren realizar si son elegidos, que por asumir posiciones orientadas al descrédito y destrucción de sus competidores. Es profundamente negativo, en una sociedad civilizada, que la única estrategia consista en ir contra los demás, en lugar de mostrar los propios ideales y convicciones.

Como simples observadores de lo que ocurre, no entendemos la razón para que aspirantes a gobernar se presenten ante el electorado insultando públicamente a periodistas, negando antecedentes históricos que ya fueron objeto de fallos judiciales, amenazando a otros candidatos con “darles bala” o con “destriparlos”, con el uso de la violencia o con llamados a la intervención armada extranjera en nuestro territorio.

Es grave que la juventud colombiana sea orientada mediante el discurso de odio. Que se haya perdido la formación de los niños y adolescentes en el respeto a los demás. Que se les enseñe a reclamar los propios derechos, pero sin asumir deberes y responsabilidades. Que hasta los reinados de belleza se usen para hacer instigación pública a la violencia y al crimen.

El artículo 41 de la Carta Política dispone que, en todas las instituciones educativas, oficiales y privadas, tengan lugar la instrucción cívica y la enseñanza de los principios y las prácticas democráticas. Dice, además, que el Estado divulgará la Constitución. Nada de eso se está cumpliendo.