Excelente el editorial de “EL NUEVO SIGLO” del 13 de agosto, en el cual se subraya cómo el Procurador ha hecho una estremecedora denuncia que muestra el alto grado de “podredumbre electoral” y de “populismo oficialista”.

Como allí se señala, “…vivimos la peor de las crisis, la degeneración de la política, no solamente por la compra de votos, la corrupción de las costumbres, la manipulación de la contratación pública y toda suerte de felonías sino que en sonados casos se apela a la eliminación del contrario”; “…hemos llegado a un sistema en donde los valores se trastocan, el proceder vitando oficial se hace costumbre y la democracia se derrumba en palabrería hueca”.

No podía ser más claro el editorialista, ni más franco el Procurador, en relación con las deficiencias del sistema, las cuales hemos denunciado públicamente muchas veces, lo que hace natural que compartamos la preocupación.

Creo, sin embargo, que además de ser defectuoso el régimen jurídico vigente, tenemos un problema de seres humanos, algunos de los cuales  -que se van convirtiendo en mayoría-  siempre se orientarán hacia la corrupción por cuanto ese es su medio natural, con independencia de la normatividad vigente. Aun disposiciones perfectas serán permanentemente burladas por quienes careciendo de valores y de principios, tienen intereses políticos y económicos.

Pero también debemos decir que, aun reconociendo los defectos del sistema, hay normas vigentes que no se aplican. Por ejemplo, textualmente dijo el Procurador en entrevista concedida a Yamid Amat para “EL TIEMPO”: “… lo acabamos de ver en la reelección presidencial: un Presidente de la República con todos los gobernadores, con todos los alcaldes, y con todos los miembros del Gobierno, actuando en política”.

El Procurador tiene a cargo “vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales…”, y “ejercer vigilancia superior a la conducta oficial de quienes ejercen funciones públicas”, “…adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley”.

Para la fecha de las elecciones presidenciales, ya se había proferido el fallo de la Corte Constitucional sobre la ley de garantías electorales, que llevó en la práctica a una prohibición general, para todos los servidores públicos, de participar en las actividades de los partidos y en las controversias políticas, prohibición que permanecerá mientras no se expida una nueva ley estatutaria.

Pregunto muy respetuosamente al doctor Maya: ¿Investigó en ese momento, y sancionó a “todos los gobernadores, todos los alcaldes y todos los miembros del Gobierno”, a quienes ahora denuncia genérica y tardíamente? ¿Qué dirán los doctores Gaviria y Serpa, derrotados en esas elecciones con tal desequilibrio? En síntesis: ¿Estaba entonces el Procurador?