Colombia es un Estado democrático, soberano e independiente. Es el pueblo colombiano el que toma la decisión. Contra lo dicho por alguien en días recientes, no se trata de obtener el reconocimiento, agrado y satisfacción de ningún gobernante extranjero, sino de respetar y cristalizar -dentro de nuestro ordenamiento jurídico- la voluntad del pueblo, titular de la soberanía.
A la luz del preámbulo de la Carta Política de 1991 -que el 7 de julio cumplirá treinta y cinco años desde su entrada en vigor-, el Estado y sus autoridades están llamados a fortalecer la unidad de la Nación y a asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana
Quien finalmente resulte elegido -sea en primera o en segunda vuelta-, será jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa; deberá representar a la totalidad de los ciudadanos -no solamente a sus partidarios- y asumirá una responsabilidad enorme, en un momento histórico. Como lo estipula el artículo 192 de la Constitución Política, al tomar posesión de su cargo, prestará juramento en estos términos: "Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia". No se olvide que, al tenor del artículo 188 de la Constitución Política, el nuevo gobernante “simboliza la unidad nacional” y, bajo la gravedad de tal juramento, se obliga “a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. Esto lo subrayamos, dadas las consignas disociadoras y excluyentes que se han proclamado desde algunas campañas.
Son muchas las necesidades actuales de Colombia, en materia política, jurídica, social, económica, ecológica, educativa y cultural, que requieren la atención inmediata de los nuevos gobernantes, del nuevo Congreso y de las demás ramas y órganos del poder público, superando la polarización existente, que tanto daño ha causado en el curso del actual período presidencial.
Así, por ejemplo, es urgente entrar a fondo en la muy grave situación que hoy presenta el sistema de salud, sin que el actual Congreso haya querido cumplir su función constitucional, obstruyendo toda discusión sobre las normas legales cuya reforma es indispensable. Igualmente, es necesario desarrollar las normas contenidas en recientes reformas constitucionales, como la que estableció la Jurisdicción Agraria y Rural (Acto Legislativo 3 de 2023) y la que consagra el derecho humano a la alimentación adecuada, de manera progresiva, con un enfoque intercultural y territorial, y a la protección contra el hambre y las distintas formas de malnutrición (Acto Legislativo 1 de 2025).
Si al fin, después de muchos meses, la Corte Constitucional decide dictar sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, de reforma pensional, debe ser desarrollada cabalmente.
Son muchos los desafíos para el nuevo Gobierno, sea cual sea su orientación política.
