Dispone el artículo 2 constitucional : “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. En eso radica su primordial función y para eso se confieren poderes, atribuciones y funciones a quienes ejercen cargos públicos, comenzando por el presidente de la República, que, en la democracia, no es un monarca sino un servidor del pueblo. De allí que se le exija prestar solmene juramento en el sentido de cumplir fielmente las normas constitucionales y las garantías. Ante todo, los derechos, comenzando por la vida de todas las personas.
Quien escribe estos renglones no ha podido entender las razones en que se funda el nuevo presidente de la República para desatender esos postulados constitucionales, en medio de una tragedia tan grave como lo que ha tenido ocurrencia a partir del terremoto acaecido del 10 de agosto.
Como hemos sostenido, resulta incomprensible -y violatorio de la preceptiva superior y de los derechos humanos- que, cuando varios países han ofrecido a Colombia su desinteresado concurso para búsquedas y rescates, la respuesta gubernamental haya consistido en discriminar entre ellos, para aceptar o rechazar ayudas, según la orientación política de sus gobiernos. No se cumple, entonces, el mandato constitucional, ni se ejerce razonablemente la función pública. Se conducen las relaciones internacionales de manera sesgada, contribuyendo al desamparo de los afectados por la catástrofe.
También hemos manifestado que el nuevo gobierno ha debido atender la grave situación de modo inmediato y oportuno, como salvaguarda de la vida y los derechos de miles de personas en distintas regiones, en lugar de precipitarse a reconocer, de manera extemporánea e innecesaria, sin justificación ni fundamento jurídico internacional, la ocupación israelí de los Altos del Golán -pertenecientes a Siria-, acaecida en 1967. Una vergonzosa injerencia del actual gobierno colombiano en una controversia que no le incumbe, motivo por el cual ha sido contundente el rechazo de varios países.
Igualmente, al celebrar acuerdo militar con Estados Unidos, el presidente olvida que el paso de tropas extranjeras por territorio colombiano requiere autorización previa del Senado de la República. Entendemos que ni siquiera se ha formulado la correspondiente solicitud y sí se ha contraído el compromiso internacional.
Estamos viendo cómo, contra la sensatez exigible, el actual gobierno parece continuar en campaña política, olvidando que esa es una etapa culminada. La búsqueda de votos ya pasó. Ahora, el funcionario posesionado debe gobernar para todos los colombianos, sin discriminaciones ni favoritismos. El saludo militar hay que dejárselo a los militares. Las misas y las oraciones, a los sacerdotes. Los desafíos y los dichos altisonantes deben ser sustituidos por actos de gobierno, resguardando la soberanía colombiana y acatando las normas constitucionales.
Hay muchos asuntos de gran urgencia. Ya no es tiempo de espectáculos, consignas ni marchas.
