Vemos y escuchamos anuncios presidenciales y ministeriales, en intervenciones públicas, en redes sociales, en ceremonias religiosas. Pero no se cumple, como lo han venido manifestando pobladores y funcionarios regionales y locales. Nada se hace, porque -según parece- solamente interesa el impacto mediático, la dura notificación, las consignas en frases y palabras, los gestos, la advertencia, la amenaza, el puño levantado, el golpe sobre la mesa, el sermón, el paseo entre cadáveres.
No debe ser así. El Estado, en la democracia, es respetable porque organiza la sociedad, no para someterla a la voluntad de un individuo -como ocurría en las monarquías- sino para garantizar y realizar los valores y postulados que, para ella, resultan esenciales: la soberanía, la independencia, la unidad nacional, la solidaridad, el bien común. Para asegurar a todas las personas que integran la comunidad derechos como la vida, la dignidad, la libertad, la igualdad, la justicia, la pacífica convivencia, el trabajo, la educación, el conocimiento, la cultura, la información. Todo, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y equitativo, sin preferencias, exclusiones ni discriminaciones.
Colombia, según la Constitución de 1991 -que algunos quisieran archivar-, es una democracia participativa y pluralista, respetuosa de la libertad y de los derechos esenciales de todo ser humano.
El Estado colombiano tiene unos fines esenciales que el artículo 2 de la Constitución enuncia: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.
Ese poder superior que denominamos soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Los gobernantes y las autoridades cumplen funciones y ejercen atribuciones, pero dentro de precisas competencias, en desarrollo de un poder recibido del pueblo y delimitado por las normas. Han sido instituidas, como señala claramente la Constitución, para cristalizar en la realidad el Estado Social de Derecho y para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, además de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Ahora bien, en nuestro sistema democrático el poder no está concentrado. Aquí no elegimos reyes, ni admitimos dictadores. El ordenamiento constitucional establece ramas y órganos que gozan de autonomía, dentro del criterio que enunciara Montesquieu, según el cual es necesario que "el poder detenga al poder". Por eso la Carta Política destaca que las ramas del poder público -legislativa, ejecutiva y judicial- y los órganos autónomos e independientes tienen funciones separadas, se controlan entre ellas, pero colaboran armónicamente para la realización de los fines estatales. No para satisfacer deseos personales ni caprichos.
Ojalá el presidente tome conciencia y entienda que ya no está en campaña y que ahora debe gobernar con responsabilidad y cumpliendo la Constitución.
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