Los artículos 39 y 40 de esta ley establecían un incentivo económico para aquel ciudadano que ejerciera la defensa de los derechos colectivos. Sin embargo, fueron derogados, desestimulando el ejercicio constitucional de la defensa de lo público y dejando sin reconocimiento a quienes dedican tiempo, esfuerzo y, muchas veces, arriesgan su seguridad para proteger los recursos y los intereses de todos.

Esta jugada maestra del tartufo, Premio Nobel de Paz y desconocedor de la voluntad del pueblo, Juan Manuel Santos, permitió que no existieran incentivos o recompensas para quienes ejercieran la defensa de lo público.

Así, los corruptos, delincuentes, contratistas y criminales estarían más tranquilos y con menos ojos encima para ejercer su nefasta voluntad y desarrollar su potencial cleptómano.

Y aquí aparece una realidad todavía más preocupante: sobre todo cuando los entes de control tienen los ojos vendados y es la prensa quien investiga, descubre y denuncia aquello que debería ser advertido y perseguido oportunamente por las instituciones encargadas de vigilar los recursos públicos.

Defender lo público no debería ser una actividad solitaria ni una carga para el ciudadano. Quien encuentra una irregularidad, la denuncia y acude a la justicia para proteger los intereses colectivos está haciendo un trabajo que beneficia a toda la sociedad.

Por eso, que la Patria Milagro restablezca el incentivo económico para quienes defiendan lo público y los recursos del Estado. Que exista una recompensa para quien, con valentía y responsabilidad, se enfrente a la corrupción y ponga sus conocimientos, su tiempo y hasta su vida en riesgo para proteger lo que pertenece a todos.

Porque cuando denunciar cuesta, cuando investigar cuesta y cuando defender lo público puede poner en riesgo la tranquilidad y la seguridad de un ciudadano, la sociedad termina pagando un precio mucho más alto.

Los corruptos no pueden tener más incentivos que quienes los denuncian.

La defensa de lo público necesita ojos abiertos. Cuando el ciudadano tiene herramientas para actuar, el corrupto sabe que no está solo frente al Estado: también tiene frente a él a una sociedad que observa, denuncia y exige que cada peso público llegue a donde debe llegar.

La defensa de lo público necesita ciudadanos valientes y una justicia que los respalde.

¡Que vuelva la recompensa para quien defiende la patria, porque proteger los recursos de todos también es una forma de servirle a Colombia!

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