Así, por ejemplo, prohibió la entrada de funcionarios palestinos a su territorio, entre ellos el presidente palestino Mahmud Abás, a quien negó la visa, con el objeto de impedir su participación presencial en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se adelanta en Nueva York.

Al respecto, la reacción mayoritaria, en la organización internacional, ha sido de rechazo. El 17 de septiembre, la Asamblea General aprobó una resolución mediante la cual reclamó a Estados Unidos -país anfitrión de la Sede- retirar su decisión de impedir la participación palestina en el octogésimo primer período de sesiones, por considerar que la medida vulnera el Acuerdo sobre la Sede, suscrito entre la ONU y Estados Unidos. Votaron en contra apenas tres países: el propio Estados Unidos, Israel y Paraguay. Se abstuvieron Colombia, Panamá, Honduras y Perú.

Así que la ONU ha brindado respaldo internacional, más que al mismo gobernante palestino, a la presencia de Palestina, como Estado que muchos países han venido reconociendo. Además, pese a las mencionadas restricciones, Mahmud Abbas podrá intervenir ante la ONU, aunque deberá hacerlo, gracias a la tecnología, de manera remota, mediante videoconferencia o transmisión televisiva.

Es incomprensible que la representación colombiana, por razones políticas, se haya abstenido. No votó a favor ni en contra del apoyo a la participación de Palestina. No tuvo en cuenta que, según la Constitución, Colombia es un Estado democrático, participativo, pluralista, defensor de los Derechos Humanos y respetuoso de los tratados y convenios internacionales y del Derecho Internacional Humanitario. Por tanto, las relaciones internacionales de Colombia deben reflejar esas convicciones humanitarias, plasmadas por la Asamblea Nacional Constituyente, refrendadas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y expresadas ante el mundo por varios  de nuestros anteriores gobiernos.

La exclusión de Palestina tiene lugar en relación con las gravísimas y continuas vulneraciones del Derecho Internacional Humanitario que, desde 2023, acontecen en la Franja de Gaza.

El gobierno de Colombia, a la luz de su máximo ordenamiento jurídico, no puede estar apoyando esos crímenes ni el genocidio. El artículo 93 de la Constitución señala que los tratados y convenios internacionales que hemos impulsado y ratificado, que reconocen los derechos humanos “prevalecen en el orden interno”. Dice también que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con esos instrumentos internacionales.

La Corte Internacional de Justicia ha sostenido que Israel ha cometido graves crímenes contra los Derechos Humanos y lo ha conminado para que ponga fin a su presencia en los territorios palestinos ocupados y repare los daños causados.

La Corte Penal Internacional ha emitido orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por la comisión de genocidio y crímenes de guerra.

Colombia, con sentido humanitario y como democracia participativa, ha debido votar, en uno u otro sentido. Pensamos que debió apoyar la posición mayoritaria contra las restricciones a la participación de Palestina. Eso habría sido lo pertinente en coherencia con nuestros antecedentes internacionales, a la vanguardia en la defensa de los derechos esenciales y de la democracia participativa y pluralista. Lo lógico era reivindicar los derechos.