POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

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Dos proyectos de ley han sido presentados al Congreso con el propósito de convocar una Asamblea Constituyente.

Aunque el mecanismo es legítimo y está contemplado en la Carta Política como una de las tres modalidades de reforma constitucional, tal convocatoria en este momento es inoportuna, totalmente innecesaria, y no convendría en términos de estabilidad institucional.

Es inoportuna porque, de un lado, el ambiente político para el efecto no es el más propicio, y adicionalmente otros asuntos graves y urgentes, como la crisis del sistema de salud, el agudo problema de las cárceles, el conflicto armado recrudecido en muchas zonas del país  -particularmente en el Cauca-  y la inseguridad reinante en todo el territorio, habrán de ocupar  -y así debe ser-  la atención del Gobierno y del Congreso. Además los congresistas están interesados en demostrarle al país que pueden corregir sus vicios, y no estarán dispuestos a resignar su poder de reforma constitucional para dejarlo en manos de un órgano diferente.

Los dos proyectos están orientados a introducir, por la vía de la Constituyente, una reforma a la administración de justicia, tras el fracaso del proyecto gubernamental.

Los variados temas que pueden ser incluidos bajo ese título podrían llevarnos a replantear muchas de las instituciones claves de la actual Constitución, como la Corte Constitucional y la acción de tutela, pues, una vez en funcionamiento la Asamblea, cualquier cosa puede resultar aprobada y nadie nos garantiza que los delegatarios sean fieles a los postulados de 1991. No estarían obligados a serlo, y bien podrían plasmar una contrarreforma, de la que son partidarios conocidos sectores de la derecha.

Uno de los proyectos incluye como punto de reforma la prohibición de la reelección presidencial. ¿No lo podría aprobar, sin Constituyente, el propio Congreso por Acto Legislativo? Plantearlo a una Asamblea significaría poner el tema en discusión, y nada de raro tendría que ella optara por la reelección indefinida.

Otro asunto, también propuesto  -el de las regiones-,  no necesita Constituyente. Hoy pueden ser creadas por ley.

De suerte que, si existiera voluntad política y fuera genuina la intención renovadora que han manifestado voceros del Congreso, bien podrían asumir los asuntos en mención, sin dejarse desplazar por una Constituyente. La convocatoria de ésta en las actuales circunstancias no es probable, y está bien que no lo sea porque institucionalmente podría tener consecuencias imprevisibles.