“Lo que le ha caído encima al magistrado Jorge Pretelt no es un linchamiento, como denuncian algunos (y él mismo el primero) (…) el hecho de que lo critiquen y ataquen en gavilla no significa que sea inocente de los distintos delitos que se le endilgan (…) A Pretelt no lo exime de culpa en el presunto cohecho de que se le acusa el que otros magistrados –o aun todos– hayan hecho lo mismo: argumento con el que se defiende y amenaza a sus colegas de la corte, como el héroe bíblico Sansón cuando derrumbó sobre sus enemigos las columnas del templo filisteo gritando: “¡Muera yo y mueran los filisteos!” (…) Que los vicios sean viejos y compartidos no los hace menos vicios. Por el contrario: los agrava (…).

 

Al magistrado Pretelt tampoco lo exime de otro delito, por el que también lo investigan, el alegar ignorancia y buena fe. Se trata de la compra de unas fincas en el Urabá antioqueño, hace 12 años, a campesinos desplazados a la fuerza por los paramilitares de Monoleche, lugarteniente de los criminales hermanos Castaño (…) tampoco es un atenuante, sino un nuevo agravante, el que los implicados sean una alta funcionaria de la Procuraduría y su marido, presidente de la Corte Constitucional: un ejemplo más del ya rutinario síndrome del “usted no sabe quién soy yo”. 

 

Hay casos de delitos en los que casi no cabe la presunción de inocencia, y que más bien casi podrían ser considerados casos de flagrancia. Uno de ellos, clamoroso, es el de la compra de tierras a menosprecio en una región dominada por el paramilitarismo y en donde las ventas forzadas, o pagadas a las viudas, eran en esos años criminales de ocurrencia cotidiana. Hay regiones enteras de Colombia en donde la excusa de la buena fe en tales negocios no es verosímil. Y menos todavía cuando el comprador es un experimentado ganadero de la zona que además es jurista. 

 

Hay veces en que el recto principio jurídico de “verdad sabida y buena fe guardada” podría con razón torcerse en su contrario: “Verdad negada y mala fe guardada”."