Ya que –en razón de recientes escándalos- se está hablando de nuevo sobre posibles reformas a la administración de justicia –asunto que el Gobierno había dejado en el congelador tras el rotundo fracaso del proyecto que presentara inicialmente-, vale la pena aportar algunas ideas:
-Ante todo, para que sea un proyecto serio y no una improvisación más, debemos identificar los propósitos de los cambios que se propondrán. Saber de dónde venimos y para dónde vamos.
Para ello, es imprescindible que el Ejecutivo se desprenda del corto objetivo de la reelección presidencial, para ubicarse en el terreno de las necesidades reales y vigentes de la población en materia de justicia.
Debemos preguntar inicialmente si se requiere una reforma constitucional o legal, y en cuáles aspectos, en búsqueda de la indispensable erradicación de la corrupción, que se ha venido extendiendo y afecta a una parte de la administración de justicia, casi siempre en confabulación con abogados inescrupulosos.
Como antes lo hemos expresado, no sería justo generalizar. Es preciso reconocer que no pocos jueces, fiscales y magistrados cumplen su función con probidad y buen criterio, y que lo propio hacen muchos juristas desde sus oficinas, aunque sería necio desconocer que las manzanas podridas han aumentado peligrosamente. Por ello resulta urgente detectar dónde están los corruptos para que la Fiscalía y la Procuraduría cumplan a su respecto las funciones que les competen, y establecer con claridad si son necesarias reformas normativas. Quien esto escribe ha sostenido que este problema no radica en la normatividad sino en la calidad humana de quienes llegan a los cargos, pero admitiendo en gracia de la discusión que ello es necesario, se deben proyectar las disposiciones que, con base en detenido estudio, hallen el Gobierno y el Congreso aconsejables, previa consulta con la Academia y los más expertos juristas del país, que con seguridad no le negarán su colaboración.
En cuanto a casos de funcionarios cobijados con fuero, es preciso remover los obstáculos de orden político hoy existentes, y buscar por todos los medios, con la ayuda de la presión ciudadana -que hoy es tan importante- que los mecanismos actuales –como la Comisión de Acusaciones de la Cámara- cumplan la función que les atañe, sin perjuicio de pensar en las modificaciones que ha venido prohijando el Ejecutivo en los últimos días.
En este último aspecto, creemos saludable hacia el futuro una reforma constitucional que permita la investigación y el juzgamiento directo de los aforados implicados en conductas delictivas o en faltas disciplinarias, sin necesidad del vigente requisito de procedibilidad –o de impunidad- que exige el paso previo por Comisión de Acusaciones, Cámara de Representantes y Senado de la República.
Seguiremos escribiendo sobre el tema.
José Gregorio Hernández Galindo
