Según el diario El Tiempo, el Ejército aceptó su responsabilidad en los hechos que culminaron con la muerte de dos guardias indígenas del cabildo de Cumbal, y con heridas graves a otro, en el sur de Nariño, durante el último fin de semana.
Explicó el Comandante del Grupo Mecanizado Cabal de Ipiales que, si bien se había asegurado inicialmente que los militares respondieron al ataque de hombres encapuchados, ahora reconoce que se trató de una “ligereza” de los militares, pero no suministra datos acerca de por qué sus subalternos terminaron disparando contra quienes no los atacaban, y que no fueron sorprendidos cometiendo algún delito. Aun en este último caso, tendrían que haberlos aprehendido, en razón de la flagrancia, poniéndolos de inmediato a disposición de los jueces; no era el caso de ajusticiarlos.
Los guardias indígenas vigilaban el Cabildo para evitar el robo de ganado, cuando fueron alcanzados por las balas de los soldados.
Así como en ocasiones anteriores hemos alentado y estimulado la actividad del Ejército, en defensa de la soberanía y de los intereses de la colectividad, debemos decir en esta oportunidad que las explicaciones no convencen, o -peor todavía- que no hay explicación admisible para lo ocurrido, y que la conducta de los miembros de la Fuerza Pública envueltos en el episodio fue, cuando menos, irresponsable. En estos asuntos no basta -como ha hecho carrera entre nosotros- ofrecer disculpas, pues están de por medio dos vidas, que se perdieron de manera incomprensible, sin que nada se pueda achacar a las víctimas, las cuales simplemente cumplían con sus labores.
El monopolio de las armas en cabeza del Estado, así como implica una prerrogativa a él solo reconocida para beneficio común, da lugar a una mayúscula responsabilidad, tanto a nivel institucional como en cabeza de cada uno de los individuos autorizados para usarlas.
Hemos sido críticos de la permanente exigencia de positivos por parte del Gobierno y de los altos mandos, ya que no se trata de entregar cadáveres a como de lugar, sino de atacar a los verdaderos enemigos de Colombia, sobre la base insustituible del respeto a los derechos humanos.
Esa exigencia de positivos, cuyo propósito es suministrar altas cifras de bajas en las filas enemigas, puede ocasionar situaciones muy desagradables, y no es justo que conduzca, como en este caso, a la muerte de personas inocentes.
