Debe registrarse con complacencia el hecho de que,  a través de “Señal Colombia” haya sido transmitida la audiencia pública celebrada en la Corte Constitucional dentro del trámite de revisión de la ley por la cual se convoca el referendo.

Aparte de la importancia que, como elemento de juicio tiene lo expuesto por los participantes en la audiencia para la ilustración de los magistrados, es necesario destacar que quizá por primera vez los colombianos de los distintos estratos tuvimos oportunidad de conocer aspectos relativos al contenido de las preguntas que habrán de ser formuladas al pueblo, si la Corte declara exequible la Ley 796.

En realidad, este proceso, que principió el 7 de agosto del año pasado con la presentación del proyecto de ley inmediatamente después de la posesión presidencial, ha tenido por características, además del inmenso desorden en el trámite, la complejidad de los temas tratados y la distancia entre la concepción de los gobernantes y políticos que han redactado las preguntas y las necesidades y urgencias de la comunidad llamada a decidir.

El hombre del común, incluyendo a los abogados y a numerosos funcionarios al servicio del Estado, no ha sido puesto en contacto con el motivo relevante de la propuesta gubernamental y menos todavía con la materia de aquello que habrá de ser objeto de su voto. Numerosas encuestas adelantadas por los medios de comunicación han demostrado en los últimos meses la más absoluta ignorancia de los sufragantes en torno al contenido de las preguntas por formular, sus alcances, consecuencias y utilidad. Y, de otro lado, existe un total divorcio entre las reformas institucionales allí impulsadas y los problemas de carácter social y económico que afectan a la gran mayoría de los ciudadanos, los cuales, por supuesto, ven en el referendo algo teórico, “cosa de políticos”, que ni entienden, ni les interesa.

Se ha olvidado, por parte de los promotores del referendo, que como instrumento de participación ciudadana, él exige ante todo la plena información de los votantes sobre el asunto o los asuntos por decidir, su sintonía con las diversas posibilidades en juego y, claro está, la completa libertad al resolverse por una de las opciones democráticas que la sola idea de referendo ofrece.

Y en este caso, infortunadamente, si algo ha faltado ha sido la información a las grandes masas decisorias sobre el objeto del certamen, con la consiguiente posibilidad de manipulación y distorsión de la verdadera voluntad popular.