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Si se trata de salvar la democracia, Maestro, lo primero que debiera prohibirse en Colombia es el voto secreto de los parlamentarios por muchas razones, entre ellas, la de que los parlamentarios solo son tenedores de un poder delegado dado por el Pueblo (art. 133 de la CP), lo que quiere decir, ni más ni menos, que no pueden sustraerle al dueño del poder originario, el Pueblo, la facultad de conocer todos los actos y decisiones que en su nombre determinan.

 

¿Se requiere mucho seso para entender esto? No, ¿cierto que no?

 

¿Y por qué, entonces, la Corte Constitucional acaba de declarar exequible el artículo 3º, de la ley 1431 del 2011, demandado ante esa Corporación?

 

Ah, porque la Corte hace parte de esa cohorte de males que afligen a Colombia en lo más profundo de su esencia: la institucionalidad. Decir que un país no tiene institucionalidad, es como decir que una persona quedó cuadripléjica: sin dominio en ninguna parte de su cuerpo, que va y viene a donde quiera llevarlo el que le empuja la silla.

 

No hay ninguna razón válida para que el Congreso pueda decretarse votación secreta. Podría admitirse la inhabilidad o excepción individual de algún congresista por razones que serían del caso entrar a considerar… Pero del Congreso en pleno, ni de vainas.

 

Admitir, por ejemplo, que el Congreso pueda votar en secreto la elección del Procurador, del Fiscal o del Contralor, sin más ni más, es prohijar la corrupción, pues que, al amparo del secreto, el candidato puede pactar con el elector las condiciones en que “tú me das, yo te doy”, que en el lenguaje popular, el docto vulgo llama CVY (cómo voy yo).

 

El mínimo de sentido común dicta que no puede un delegado negarle información al delegatario: si el primero se rodea de secreto, ¿cómo podrá el segundo pedirle cuentas?

 

¡Absurdo! Y tampoco esto resulta difícil de entender. Pero es que, Maestro, resulta muy difícil hacerle entender algo a alguien, cuando detrás de él anda una chequera poniéndole precio a su entendimiento.

 

Si algo requiere transparencia, es la elección de altos dignatarios por parte del Congreso. Dignatarios que van a ser, entre otras cosas, los encargados de llevar a cabo a nombre del Poder Popular, el control y vigilancia del Poder Público.

 

Admitir el voto secreto en la elección de estos personajes, es  como admitirle a mi jefe de seguridad que me puede poner el guardaespaldas que él quiera, sin que yo tenga el derecho siquiera de preguntarle quién es…

 

¡Absurdo! ¿No cierto? Y es así, y así lo halló en derecho la Corte.

 

Por estas cosas es que la irresponsabilidad de los congresistas frente a la sociedad y frente a los electores llega hasta el desafío y la afrenta.