POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

Algo deben hacer los jueces, en especial las altas cortes por recuperar el prestigio y la credibilidad que tenían y que infortunadamente han perdido.

La desconfianza en la justicia ha venido en preocupante aumento en los últimos años. Así lo dejan ver de manera reiterada las encuestas, que hoy por ejemplo, muestran que la gente le cree más al Ejército que  a los jueces. Y está bien que le crea al Ejército; se lo merece; pero es muy grave que en un Estado Social de Derecho la comunidad desconfíe de sus jueces, inclusive de los que ostentan la más alta jerarquía.

Tras el estruendoso fracaso de la reforma constitucional a la justicia, presentada por el actual gobierno, nada se ha hecho en el interior de la Rama Judicial por garantizar el efectivo y oportuno acceso de los ciudadanos a los estrados judiciales; ni por la descongestión de los despachos; ni por la prevalencia del derecho sustancial; ni por erradicar las dilaciones y demoras injustificadas; ni por agilizar los trámites de los procesos para que las sentencias no tarden años y décadas en ser proferidas; ni por erradicar formas de corrupción y venalidad.

Son cada vez más frecuentes los fallos políticos de altas corporaciones; las providencias mal fundamentadas; la falta de coherencia; los “bandazos” en vez de cambios razonados en la doctrina y la jurisprudencia de los altos tribunales; la deficiente o inexistente valoración de las pruebas; palos de ciego en materia de detención preventiva; búsqueda de excusas baladíes para negar pretensiones de las demandas contra el Estado o las tutelas.

En fin, un panorama desolador. Algo tienen que hacer, y deberían comenzar por un examen de conciencia y por un acto de contrición colectivo.