LA HISTORIA: La doctora Sandra Morelli, en su calidad de Contralora General de la República firmó de su puño y letra, dos contratos de arrendamiento el 23 de marzo de 2012, para trasladar las oficinas de la contraloría, al piso décimo de la torre más nueva del Centro Comercial Gran Estación, en el occidente de Bogotá. De igual forma, tomó en arriendo 500 espacios para parqueaderos.
El canon de arrendamiento –que pagan todos los colombianos, porque el dinero sale del presupuesto nacional- suma mensualmente $2.600 millones de pesos.
El problema para la Dra. Morelli comenzó, cuando Red de Veedurías -mediante acción popular-, solicitó se deshiciera el negocio y las oficinas de la Contraloría General de la República continuaran atendiendo desde su antiguo edifico Colseguros. Para Red de Veedurías los contratos de arrendamiento celebrados por la funcionaria vulneran “los intereses y derechos colectivos referidos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público”.
Grave acusación si tenemos en cuenta que dentro de las funciones de la Contraloría General de la República –consagradas en el Artículo 267 de la Constitución Política de Colombia-, está la vigilancia de la “gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación”.
La Dra. Sandra Morelli, en sus declaraciones iniciales a los medios, dijo que su decisión se basó en un estudio realizado por técnicos de nacionalidad venezolana; estudio que arrojó como resultado “amenaza de ruina para el edificio Colseguros” convertido en trampa mortal para las personas que trabajaban y visitaban las instalaciones de la entidad. En palabras de la Dra. Morelli, trabajaban en un “nido de ratas” lo que justificó su decisión de tomar en arriendo un multimillonario local en el centro comercial, Gran Estación.
Su argumento pudo no levantar suspicacias, sino fuera porque los venezolanos eran amigos de la Dra. Morelli y aunque ella dice que no cobraron nada –generando un ahorro para la Nación- la pregunta fue ¿Por qué no se realizó una licitación o invitación pública?
Otros técnicos, no necesariamente amigos de la Dra. Morelli, hubieran podido establecer objetivamente el estado en el cual se encontraba el edificio Colseguros y es posible que hubieran recomendado lo mismo, esto es, el traslado de las oficinas de la contraloría por las malas condiciones de la construcción. Al menos, ella tendría el elemento probatorio que en materia de contratación estatal le exige el ordenamiento jurídico y siendo ella la contralora se cae de su peso que sabía -mejor que nadie- que disponer de los dineros del estado para contratar en arriendo un inmueble requería algo más que la evaluación gratuita, de unos amigos.
Otra de las razones en que se basó la acción popular fue que la Dra. Morelli, en persona, solicitó prorrogas para realizar los trasteos, pese a que al arrendador se le desembolsaron desde la firma del contrato $7.500 millones por el alquiler. Es decir, la posición desventajosa de la Nación y el detrimento para ella, era evidente.
Ahora bien, otra razón de peso para los demandantes fue que la Dra. Morelli firmó los contratos de arrendamiento de tal forma que los próximos dos contralores quedarán sujetos a sus cláusulas, garantizando de esta forma el ingreso seguro para el arrendador de los inmuebles.
Extrañamente la Dra. Morelli firmó el contrato de arrendamiento del inmueble, incluyendo en su texto el contrato de compra de los bienes muebles que se pagarían durante 10 años a partir de la firma del contrato –año 2012-. Así las cosas, si el contrato de la compra de los bienes muebles se incumple -el arrendatario-, esto es, la Nación (todos los contribuyentes) tendremos que pagar una penalidad del 10% del valor del contrato por cada año que haya estado ocupado el inmueble. Y, si el valor anual es de $31.200 millones tendríamos que afirmar –sin lugar a dudas- que la Dra. Morelli dejará a la Contraloría -en calidad de arrendataria-, maniatada a favor del arrendador.
Es decir, el contrato de arrendamiento se vence el 6 de agosto de 2014 y el compromiso de pagar los bienes muebles se vence en el año 2.022 ¿Qué hacer si la Contraloría quedó amarrada a pagar durante 10 años unos bienes muebles de un inmueble cuyo contrato se pactó por 2 años? La Auditora General de la República dice que el nuevo contralor tiene de entrada un problema enorme.
Por otro lado, para la auditoría a cargo de la doctora Laura Marulanda, bajo el mandato de la contralora el despilfarro ya va por la suma de $54 mil millones. La denuncia de la auditoria deja conocer, igualmente, irregularidades en la firma de 43 contratos que van desde hacer fiestas con el dinero del Estado –lo que está prohibido por la ley- pero aprobado por la contralora bajo el pretexto de “incentivar el sentido de pertenencia a la institución” y “fortalecer el trabajo en equipo” hasta organizar conciertos en diferentes ciudades de Colombia contratando “un tenor, un pianista y un sexteto para la interpretación musical en cada uno de los eventos culturales, la reproducción y el suministro de mil CD para entregar a los asistentes, entregar programas de las actividades, escarapelas y boletería”.
Y, agrega la auditoria, otras perlas: (i) Un contratista no cumplió con lo pactado y a pesar de eso la Dra. Morelli pagó lo cobrado, aumentando el despilfarro en $161 millones adicionales; y, (ii) fueron contratados “los servicios logísticos necesarios para realizar la producción de un máster de disco compacto del tenor colombo-suizo William de Jesús Hurtado, acompañado de un pianista y una orquesta de cámara”.
Acerca del CD del tenor, la Dra Morelli argumentó a su favor que: se adquirieron CD del tenor por cuenta del bolsillo de la Nación y fueron repartidos, porque se estaban celebrando los 90 años de la Contraloría y esa actividad permitía a los funcionarios “conocer y disfrutar este género musical”. Pero la auditoría no piensa lo mismo, pues el detrimento para la Nación, en este caso particular fue de $25.700.000.
Y para seguir la lista se encuentran –entre otras- irregularidades: un libro en inglés y español conmemorativo que nos costó a los colombianos $260 millones; compra de “medallas, monedas y pines” por otros 32 millones; la secretaria -que no es bachiller-, tiene un contrato de prestación de servicios y se gana $6 millones mensuales lo mismo que su conductor y la gasolina con la cual aprovisionaban los carros particulares de ella y su familia se paga con dineros de la contraloría.
La Dra. Morelli, se defiende argumento que es víctima de una persecución y que no descarta acudir a las instancias internacionales para impedir semejante “arbitrariedad”, pues ella no permitirá que quienes la persiguen se salgan con la suya. Agregó que usará “los instrumentos de defensa que me da el ordenamiento nacional e internacional”.
A su salida del interrogatorio también afirmó a los medios que, las preguntas que le formularon eran ridículas y que estaban orientadas a conocer asuntos propios de su vida personal como por ejemplo saber si en su peluquería se encontraba con el empresario Alberto Aroch Mugrabi, persona investigada en la actualidad por lavado de activos y arrendador del inmueble –que en calidad de arrendatario- ocupa la contraloría y que desde un principio se ha dicho en los medios, es amigo de la Dra. Sandra Morelli.
