Un juez en la ciudad de Brasilia acaba de suspender de manera preventiva la toma de posesión del expresidente del Brasil Luiz Inacio Lula da Silva como ministro de la Presidencia del gobierno de Dilma Rousseff, cargo en el cual había sido designado por la Presidenta con el propósito de hacerlo inmune frente a eventuales decisiones de la Justicia respecto a su libertad y el proceso penal que se le sigue por corrupción. Lula iba a posesionarse en la mañana de hoy, tras una serie de manifestaciones multitudinarias que tuvieron lugar ayer en distintas ciudades brasileñas para rechazar la determinación de la Presidenta, que se consideró por la oposición y buena parte de la ciudadanía como una estratagema para evadir la acción de los jueces al respecto. Inclusive, el Congreso brasileño se ha pronunciado para pedir la renuncia de la Jefe del Estado como consecuencia de su indebida actuación en este caso.
La decisión judicial de hoy fue adoptada por el magistrado Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, quien resolvió anular así el acto por el que Lula sería juramentado como Ministro. La suspensión opera hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el caso.
La determinación del juez se adopta ante una demanda presentada por los partidos de la oposición, que fundamentaron su petición en las causas abiertas por la Justicia contra Lula. El ex presidente está investigado en diversos procesos y ha sido acusado formalmente de delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.
El magistrado ha sugerido que la Presidenta Dilma Rousseff podría haber cometido un delito y argumentó que si Lula asume el cargo de ministro, tendrá poder para realizar una "intervención indebida y odiosa" en la Policía, la Fiscalía y el poder judicial. Sería lo que denominamos en Colombia “obstrucción a la justicia”.
La providencia expresa que Rousseff podría haber incurrido en un delito de "responsabilidad" al nombrar a Lula, puesto que la ley veta al presidente de la República cometer actos contra "la probidad" de la administración pública. Esto podría dar lugar, entonces, a un juicio político con el objetivo de destituir al jefe de Estado.
El juez ordenó que se informe de los hechos a la Procuraduría General del Estado y al presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, quien es la autoridad competente para impulsar los juicios políticos.
La Cámara de Diputados decidió retomar este jueves mismo el trámite para un posible juicio político contra Rousseff, tras conocerse públicamente grabaciones comprometedoras entre la presidenta Dilma y Lula Da Silva.
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