La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), con sede en Madrid, organización dedicada presuntamente a la extorsión de empresas y particulares a quienes amenazaban de llevarlos a los tribunales si no les pagaban lo que pedían, contrataba –simultáneamente- los servicios profesionales de jueces y magistrados para que dictaran conferencias.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), integrado por seis personas, se defendió diciendo que era legal y compatible con el ejercicio y la función judicial, la actividad docente. No obstante, el diario EL PAIS de España, denunció los hechos y fue más allá al afirmar que el argumento del CGPJ de no existir reproche alguno en esa contratación, se ajusta al adagio “Hecha la ley, hecha la trampa” porque aceptar el argumento de los jueces y magistrados conforme al cual, dictar conferencias o dedicarse a “la docencia o investigación jurídica” PAGUE EL QUE PAGUE, deja muchas dudas éticas y morales.
Por otro lado, para el diario EL PAIS, la tesis de algunos jueces que aseguran no haber conocido las prácticas irregulares de AUSBANC, cuando fueron contratados para dictar conferencias, tampoco es muy creíble, pues la imagen negativa de esta empresa es de largo rato.
“A partir de estas premisas no es difícil deducir la debilidad de fondo del órgano de gobierno de los jueces y la fragilidad de los magistrados, titulares de un poder cuya independencia está garantizada por la Constitución. Esa independencia puede quedar en entredicho cuando, en lugar de intranquilizarse ante la posibilidad de que haya sido inquietada desde una organización de presuntos extorsionadores, lo que preocupa al gobierno de los jueces es dejar claro que dar conferencias es legal. Como hacen los políticos, más o menos, cuando se les descubre en situaciones comprometidas”. “El País”[1]
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