Bien es cierto que el Presidente Correa, del Ecuador, obtuvo en las urnas, apenas hace pocos días, un triunfo resonante, toda vez que la abrumadora mayoría del pueblo votó en la consulta popular por la convocatoria de una Asamblea Constituyente que habrá de reformar la Carta Política de ese país.

Pero tal antecedente, de extraordinaria importancia para la legitimidad del proceso constituyente que se avecina, no legitima a su vez una conducta presidencial que, en tanto la reforma no se produzca, debería ceñirse, si su convicción es democrática, a las reglas de juego trazadas por el ordenamiento jurídico en vigor.

Las nuevas instituciones no pueden edificarse sobre la base deleznable de decisiones arbitrarias que desconozcan la institucionalidad.

En este momento, cuando todavía rigen las disposiciones de la Carta Política que el Presidente ecuatoriano juró cumplir al posesionarse, no puede tomarse el triunfo en las urnas  -con miras a la Constituyente-  como una autorización sin límites o “carta blanca” para derruir de facto, antes de los actos reformatorios, el complejo institucional al que se acoge el país hermano.

Como se recuerda, actos de violencia tuvieron lugar en Quito en detrimento de la libertad de los legisladores, y el espectáculo que se ofreció al mundo en ese contexto no fue ciertamente edificante.

Otra forma de violencia fue ejercida en marzo por el Tribunal Supremo Electoral, que sancionó a 57 congresistas de la oposición, destituyéndolos, por oponerse a la convocación de la Asamblea Constituyente. Ellos, en un sistema democrático, deberían haberse podido pronunciar con libertad en contra de las decisiones de gobierno y de las propuestas del nuevo Jefe de Estado, rodeados por las garantías que debe ofrecer todo gobernante a quienes se le oponen políticamente.

Lo cierto es que fueron retirados sin fórmula de juicio del ejercicio de sus cargos, lo que provocó el rechazo de muchos en el campo político, y llevó a los afectados a ejercer acción constitucional contra el Gobierno.

El Tribunal Constitucional, en desarrollo de una acción de amparo, les concedió protección judicial, ordenando el reintegro de 51 de los 57 diputados destituidos, por cuanto  -en el sentir de esa Corporación-  fueron juzgados sin haber podido ejercer su derecho a la defensa y por un juez distinto a su juez natural.

Ahora resulta que el Presidente Correa desconoce olímpicamente el fallo y declara a sus compatriotas que “esos 57 diputados continúan destituidos”.

Mensaje impropio, que se esperaría más de un fascista  que de un demócrata, y que carece de todo fundamento frente a una decisión judicial que el Gobierno está obligado a respetar y a hacer que se respete. El desacato a los fallos judiciales, proclamado sin rodeos por el Ejecutivo, es signo de una tendencia incontrolada al autoritarismo y al imperio de la personalidad por encima del orden jurídico, lo que contradice por completo la base misma del Estado de Derecho.