No nos ha convencido el Gobierno en sus intentos de respuesta sobre el tema de las interceptaciones telefónicas ilegales, practicadas  -según el Ejecutivo-  desde hace dos años.

Fue muy infortunada la coincidencia de haber “descubierto” todo a propósito de conversaciones interceptadas a los paramilitares, cuando miembros de la oposición y periodistas habían venido solicitando con insistencia, de tiempo atrás, que se estableciera si había este tipo de operativos contrarios a los derechos fundamentales, sin respuesta del Gobierno.

Más todavía, en una no menos afortunada rueda de prensa “se le salió” al Presidente la confesión de que había conocido sobre expresiones ofensivas contra el Gobierno y el TLC por informes de inteligencia militar y policial. El Ministro dice ahora que eso nada tenía qué ver con las interceptaciones, por cuanto se trataba de inteligencia abierta, es decir, llevada a cabo en coctailes, reuniones, comidas, y por cuanto  -en palabras del Ministro-  los líderes de la oposición son “muy bocones”. De lo cual resulta que no entendemos la razón por la cual todavía el Gobierno guarda el secreto acerca de quiénes protagonizaban esa conversación a la que se refirió el Presidente; y acerca de cómo y dónde fue escuchada por los agentes oficiales u oficiosos; desde cuándo se está llevando a ejecución la “inteligencia abierta”, y quién la tiene a cargo. ¡Cuidado, entonces, señores de la oposición, con todo lo que dicen en comidas, desayunos y encuentros sociales! Todo lo que digan se está grabando. O hay espías, o hay chismosos, o hay traidores.

Pero, de otro lado, el Gobierno expresa que la Fiscalía, que ya tiene en su poder los datos de la investigación interna sobre las interceptaciones, recomienda no divulgar los nombres de las personas ofendidas, por respeto al debido proceso y a la reserva sumarial.

Que sepamos, la ley penal colombiana no establece la reserva sobre la identidad de quien ha sido víctima de un delito. Y, más todavía, ella debe saber que fue víctima, para tomar las medidas de protección necesarias en su comportamiento futuro, y también para participar en el proceso penal, constituyéndose en parte civil dentro del mismo.

La sociedad también debe estar enterada. Este es un asunto que no solo interesa a los “chuzados”, sino a toda la colectividad.

Además, no hemos podido entender la razón justa para que once oficiales de la Policía Nacional hayan sido llamados a retiro si, como el Gobierno dice, eran excelentes, y si nada tuvieron que ver con las “chuzadas” telefónicas.