Con el debido respeto hacia opiniones contrarias, una vez más debemos manifestar que en Colombia no hay una política criminal seria, estable y bien estructurada, como debería ocurrir. Aquí se improvisa en forma permanente, introduciendo nuevos sistemas, con criterios distintos, y se introducen nuevos delitos que a los pocos años se propone derogar; se contemplan nuevas normas procesales, que pronto son sustituidas; se aumentan o se disminuyen las penas, según lo que vayan registrando los medios de comunicación; se otorgan beneficios que favorecen la impunidad; se copian, pero desfigurados, modelos extranjeros; se establecen términos dentro de los cuales ha de ser definida la situación jurídica de los sindicados, y cuando ya van a quedar libres por vencimiento de términos y por causa de la negligencia de los funcionarios judiciales, se propone –como ahora mismo ocurre- una nueva ley que impida la libertad. En fin, se improvisa con el Derecho Penal.
Debemos reconocer que en los últimos años han sido expedidas algunas leyes de importancia para sancionar conductas que en verdad afectan de manera grave a la sociedad colombiana. Es el caso de las normas penales respecto a violencia intrafamiliar y el denominado “feminicidio”.
Pero ahora resulta que, en ese ir y venir de propuestas, uno de los candidatos a la Fiscalía General de la Nación, el Dr. Néstor Humberto Martínez, hablando ante la Corte Suprema de Justicia sobre el delito de violencia intrafamiliar, sostuvo que “la criminalización de esa conducta debe ser objeto de un revisión desde el punto de vista sociológico muy importante porque al criminalizarse la violencia intrafamiliar finalmente se está generando una ruptura del núcleo familiar a partir de expresiones de violencia de ocasión”.
Con el respeto que nos merece el Dr. Martínez, a quien conozco desde las aulas universitarias y puedo dar fe de su excelente preparación en el campo jurídico, no podemos desconocer una realidad palpable, de todos los días -y no “de ocasión”-, que llevó precisamente a la consagración de las disposiciones que ahora él pone de nuevo en tela de juicio, consistente en la reiterada y cotidiana violación de los derechos esenciales de las mujeres, los menores y la familia; en el maltrato físico y moral; en las lesiones personales causadas por energúmenos esposos o intolerantes compañeros permanentes; en la violencia sexual; en los homicidios.
No hay para qué repetir las cifras. El país las conoce. La violencia contra las mujeres y los niños es algo muy doloroso para miles de personas.
Teme el Dr. Martínez que la criminalización de estas conductas cause una ruptura del núcleo familiar. No. La dura realidad es otra, y la describe el artículo 42 de la Constitución: “Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley”.
Lo que destruye a la familia, bien que sea causada por el alcohol, la droga, los celos, el vicio o la intolerancia, es la violencia en el interior de ella. Subrayo lo expresado por el Constituyente: “…será sancionada conforme a la ley”.
