Se busca, según la Ministra Gloria María Borrero, reformar la Constitución, "fortaleciendo y tomando las medidas necesarias para lograr la descongestión y eficiencia judicial, así como la seguridad jurídica y el empeño por mejorar las calidades de la magistratura".

Se pretendía modificar las reglas atinentes a la administración de la Rama Judicial, para mejorar la eficiencia de la misma en cuanto hace al Consejo Superior de la Judicatura, pero se informa que en este segundo debate los partidos votaron en contra y las reglas constitucionales al respecto quedaron intactas.

Se aprobó, en cambio,el aumento progresivo del presupuesto de la Rama en el porcentaje que cada cuatro años defina el Plan Nacional de Desarrollo, y ello es positivo.

También se aprobó la eliminación de las facultades de postulación de las altas corporaciones judiciales para el desempeño de cargos públicos. Es bueno que así suceda, toda vez que -como siempre lo pensamos- esas atribuciones, extrañas a la función judicial, introdujeron elementos políticos en ella y distrajeron a los magistrados de su actividad específica.

Afortunadamente, se desistió de la inicial idea de introducir restricciones a la acción de tutela, lo que habría significado un innecesario e inadmisible retroceso en la protección efectiva de los derechos fundamentales, confiada por la Constitución a los jueces.

Algunos otros aspectos, como las inhabilidades para quien termine la magistratura, el arbitraje y la solución pacífica de conflictos para descongestionar la rama judicial, la exigencia de respetar el precedente judicial, las modificaciones sobre el fuero -se descartó el tribunal de aforados-, entre varias propuestas gubernamentales, merecen comentario aparte.

Por ahora, queremos subrayar el hecho de que, a medida que se avanza en la discusión y el trámite de este proyecto de acto legislativo en el Congreso, se va viendo que su contenido dista mucho de una reforma integral a la justicia, del ideal de una justicia pronta y de fácil acceso para el ciudadano, y de plantear soluciones reales y de fondo a corruptelas existentes, a la grave morosidad de muchos despachos y a las disposiciones sobre elección de magistrados y jueces.

Todo indica que se aplicará en este caso el conocido criterio, favorito de nuestros gobiernos y de nuestra clase política: "Que todo cambie para que todo siga igual".