Hace mucho daño a las instituciones la práctica, cada vez más extendida, de filtrar los fallos y decisiones judiciales antes de que se produzcan. Si quienes entregan los proyectos o ponencias son los propios magistrados o empleados de las altas corporaciones, es indudable que incurren en falta disciplinaria que debería ser sancionada por ellas, de conformidad con la ley y sus propios reglamentos. O por la Procuraduría General de la Nación respecto de los servidores públicos sobre quienes tienen competencia.

El caso más reciente es el de la posible respuesta a una solicitud de concepto dirigida por el presidente de la Cámara de Representantes a la Corte Constitucional acerca del trámite que debería darse a las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria para la Jurisdicción Especial de Paz. Sin que, hasta el momento en que grabamos esta columna, la Corte haya resuelto ni informado nada, ni se haya reunido siquiera, ya todos los medios y las redes especulan sobre el sentido de la respuesta. Una respuesta, además, que no debería dar la Corte Constitucional porque su función no es consultiva, ni puede sustituir al Congreso en la función constitucional que a él corresponde de manera exclusiva, ni impartir instrucciones a las cámaras sobre una atribución que solo a ellas compete.

Han configurado todo un "choque de trenes" hasta ahora inexistente, pues, como decimos, hasta ahora no hay documento ni comunicado oficial alguno de la Corte. Y ya esta corporación está siendo elogiada o vilipendiada en los medios y las redes sociales, según la posición política de quien opina. Ello desinstitucionaliza, afecta al Congreso y al Gobierno, desdibuja el papel de la Corte Constitucional y conduce a un indebido "manoseo", completamente inaceptable, que hace perder el respeto que merece esa alta corporación, y el que merecen el Congreso y el propio Presidente de la República.   

Esta es la razón por la cual en esta columna nos abstenemos de pronunciarnos sobre el supuesto dictamen de la Corte Constitucional. Hablaremos sobre él cuando se produzca, si es que la Corte accede a convertirse en órgano consultivo.