Con independencia del resultado final del proceso de escogencia de un nuevo Magistrado de la Corte Constitucional  -ha sido elegido el Dr. Humberto Sierra Porto, cuyas calidades, como las de sus compañeros en la terna, lo acreditan ampliamente para desempeñar el cargo-,  parece necesaria una reflexión acerca de las características que revistió desde el momento mismo en que fueron divulgados los nombres de los postulados.

Hizo carrera, injustificadamente, la teoría de que este trámite de sucesión de un Magistrado renunciante no era normal  -como debe serlo dentro de un concepto institucional del mismo-  sino crítico; se hizo creer al país que se trataba casi del gran parto de los montes  -la gloria o el infierno-,  a partir de cuya ocurrencia se definiría el futuro del país.

No era cierto, claro está. El Consejo de Estado había ejercido a cabalidad su función de elaborar la terna y los tres aspirantes eran todos juristas respetables, sin tacha ni antecedente negativo alguno. Y el Senado  -como también le corresponde constitucionalmente-  se aprestaba a cumplir su propia tarea en los primeros días de la nueva legislatura.

Pero se escribieron columnas mediante las cuales se descalificó arbitraria y gratuitamente a uno de los ternados  -precisamente el doctor Sierra Porto-,  haciendo ver como gran catástrofe su eventual elección, como cuando se aseguró el año pasado que si no se aprobaba el referendo caeríamos en el abismo.

Después, en lugar de efectuar análisis sobre las hojas de vida, la preparación y experiencia profesional y académica y la formación jurídica de los candidatos  -quienes, dicho sea de paso, no fueron los promotores de la polémica y, al menos en público, esperaron discretos la decisión del Senado-,  funcionarios, escritores públicos y algunos medios de comunicación convirtieron la elección en penosa disputa entre el Gobierno y la oposición por “un cupo”  en la Corte Constitucional para ganar o perder en procesos de interés actual  -en la presente coyuntura política-, en particular el examen de constitucionalidad del estatuto antiterrorista y el Acto Legislativo, hasta ahora en ciernes, sobre reelección presidencial.

Irrespetando al Senado  -cuya autonomía se impuso finalmente-  y a los propios candidatos, convirtieron la plaza vacante en trofeo, y la elección en “prueba de inmunidad”,  como en cualquier Reality Show, olvidando que no se estaba seleccionando una pieza de ajedrez para ganar el próximo juego, sino a uno de los  miembros, por ocho años, del Tribunal Constitucional de la República, que tiene a su cargo, ni más ni menos, la delicadísima función de preservar, con carácter independiente, el genuino y efectivo imperio de la Constitución Política, sus valores y principios, no menos que los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Los candidatos fueron gratuitamente rotulados, y satanizados o endiosados, según caprichosa óptica, y hasta se dijo  -ojalá no sea cierto-  que el Gobierno estaba  “en campaña”  a  favor de una de las opciones, posición inconcebible que lo expuso innecesariamente  -como aconteció-  a aparecer como “derrotado”  en el proceso.

Y, después de elegido el doctor Sierra Porto, en el programa radial del ex ministro Fernando Londoño se llegó a pedir la responsabilidad política del actual Ministro Sabas Pretelt por no haber logrado la elección de la candidata del Gobierno.

Lamentable actitud que lleva el proceso de integración de la Corte a un nivel de manzanillismo intolerable.