No fueron claras, a mi juicio, las razones de Estado expuestas por el Presidente de la República para la liberación masiva y unilateral de guerrilleros de las FARC. Tampoco las invocadas para la liberación, contra su voluntad, del “Canciller” de las FARC, Rodrigo Granda.

En primer lugar, no parece que la salida de Granda de la cárcel se ajuste a las prescripciones vigentes, si se tiene en cuenta que los delitos por los cuales fue procesado no pueden ser objeto de indulto por no ser políticos. Y darle el carácter de “vocero” a quien no sabe cuál es su papel, y sin un mínimo acuerdo con la guerrilla, carece de sentido.

Preocupa especialmente el hecho de que las FARC hayan rechazado desde el principio la liberación masiva de antiguos miembros de la subversión, a quienes llaman “desertores” (entendemos, entonces, que ahora son procesados suyos, en ausencia), puesto que, no estando vinculada siquiera por un principio de convenio, nada garantiza que la guerrilla libere a las personas secuestradas.

No menos inquietante es el efecto que esto tendrá en los integrantes de la Fuerza Pública  -que ha capturado a quienes ahora quedan libres sin condiciones reales-,  pues no es extraño que para ellos todo este proceso resulte desalentador.

De otra parte, puesto que serán excarcelados apenas algunos guerrilleros privados de su libertad, vendrán sin duda las acciones de tutela para solicitar el mismo trato y por tanto la libertad de quienes no fueron liberados pero se encontraban en las mismas condiciones, ya que resulta ostensible la violación del derecho fundamental a la igualdad.

Ahora bien, quien esto escribe sigue pensando que las razones de Estado, en su acepción más generalizada, no tienen cabida, por definición, en un Estado de Derecho, en que el gobernante no hace su voluntad sino que se sujeta a la ley y a las decisiones judiciales, pero también debe decir que las expuestas por el Presidente Uribe en su alocución del lunes no corresponden a esa acepción. Si se le cree al Presidente, son humanitarias, en cuanto buscan  -así sea sin ninguna garantía y por fuera de un acuerdo bilateral- la liberación de personas secuestradas. Si no se le cree, se trata de una nueva “cortina de humo” frente al tema de la parapolítica. En el primer evento, son plausibles, aunque no resulten eficaces. En el segundo, son abominables. Pero en todo caso, las conocidas hasta ahora no son razones de Estado.

Sea lo que sea, confiando en el Presidente y en su buena fe, hacemos votos por el éxito de esta estrategia, con todo y reconocerla disparatada.