Carece de seriedad el comportamiento oficial en relación con la salud de la gente.

Su primer error consistió en haber acudido a la Emergencia para “corregir” distorsiones endémicas del sistema plasmado en la Ley 100 de 1993, pese a que reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que las causas válidas para que el Presidente asuma los poderes extraordinarios deben sersobrevinientes, es decir, inusitadas, y por tanto, al no tener esa característica los hechos que el Ejecutivo mencionó en el Decreto declaratorio -por cuanto todos aluden a deficiencias detectadas y denunciadas desde hace años-,  la norma constitucional fue violada de manera flagrante.

Se equivocó después al dictar decretos legislativos mediante los cuales, so pretexto de la emergencia y con la asesoría de personal externo contratado a un altísimo costo, improvisó normas para recortar derechos esenciales de los usuarios; nivelar por lo bajo el acceso a las prestaciones (medicamentos, tratamientos, intervenciones quirúrgicas, exámenes de diagnóstico), y transferir a los afiliados los altos costos de esas prestaciones, no obstante haber cotizado durante años, forzando inclusive la necesidad de acudir a las cesantías, las pensiones y los préstamos bancarios para obtener una protección en salud que el sistema de seguridad social está obligado a brindarles.

Además  -y ese fue otro error garrafal-  el Gobierno sometió a los médicos a ofensivas restricciones en su ejercicio profesional, amenazándolos con multas inverosímiles si se atrevían a prescribir a sus pacientes medios científicos de protección o recuperación de la salud no contemplados en guías de forzosa aplicación, desconociendo la discrecionalidad y el margen de apreciación inherente a la función de los facultativos. Prácticamente, los médicos, según los decretos, deberán pasar por encima de sus convicciones sobre lo que requiere el enfermo, para no hacer incurrir en costos a los intermediarios.

Cuando la reacción general se hizo evidente, ya era demasiado tarde para rectificar, toda vez que los treinta días del Estado excepcional, que permitía  dictar decretos con fuerza de ley, habían expirado.

Entonces, con gran irresponsabilidad, el Gobierno ha optado por el camino de engañar al público y “modificar” o “derogar” los decretos desde las emisoras y los “call center”, comprometiéndose a usar la potestad reglamentaria en distintas formas (positivas y negativas), como si ello implicara la pérdida de vigencia de unas normas de jerarquía legal que se encuentran en pleno vigor.

En consecuencia, ahora el Ejecutivo hace unos llamados al Congreso para que derogue las medidas que en el curso de tan lamentable improvisación puso él mismo en vigencia.

El Gobierno parece estar jugando, pero lo grave es que lo está haciendo con la salud y con la vida de miles de colombianos. Definitivamente, NO HAY DERECHO.